El proyecto, que fue impulsado por primera vez en 2008 por la diputada del Frente para la Victoria Patricia Fadel perdió estado parlamentario el año pasado y volvió a ser presentado en este período por la legisladora nacional por Mendoza.
La iniciativa, que tuvo varias preferencias para ser debatida en el recinto durante el 2010, será tratada el miércoles a las 10 en un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara baja.
Sin embargo, y para llegar al recinto, el proyecto deberá recibir dictamen además de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja.
Según el texto todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, de empresas públicas, Universidades Nacionales "que hayan sido cesanteados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, serán beneficiarias de las indemnizaciones.
De acuerdo al proyecto, el monto será quivalente a 30 veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Administración Administrativa, que se calcula en 11.746.22 de pesos por 30, lo que arroja un monto de 352.386,60 pesos aproximadamente.
"Creemos necesario otorgar a las personas injustamente cesanteadas una reparación al daño causado por el Estado Nacional, quien castigó y persiguió a los agentes por su ideología, su posición política o gremial, con el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado", afirmó Fadel en los fundamentos del texto.
Para la diputada, "se busca una justa reparación por lo que se establece que quienes ya hayan cobrado algún tipo de indemnización, ésta sea parte integrante y la diferencia sea percibida en su correspondiente carácter".
"El deterioro material y social fue por demás significativo y de tal magnitud, que resulta necesario legislar para compensar el mal ocasionado desde el Estado", aseveró Fadel.
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