La lista de las víctimas de la ex Jefatura repercute en Catamarca

La documentación histórica que el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente mantuvo en secreto durante 33 años y reveló hace más de una semana en el juicio que se sigue en Tucumán por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía ya tuvo repercusión judicial en Catamarca.

El abogado Guillermo Díaz Martínez, querellante particular en la causa que se sigue por la desaparición forzada de personas en Catamarca, aseguró que esas listas comprometen seriamente al ex gobernador de facto, Carlos Alberto Lucena, y otros ex jefes militares del Regimiento 17 de Infantería de Catamarca.

En los papeles, que fueron aceptados como prueba por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, figuran al menos seis catamarqueños que fueron ejecutados en la vecina provincia. Tres de ellos son los hermanos Griselda del Huerto y Francisco Gregorio Ponce, además de Julio Genaro Burgos, sobrino de los primeros, según se detalló en un artículo publicado en el diario catamarqueño El Ancasti.

“Los testigos que declararon en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Catamarca aseguraron que nada se hacía en esta provincia sin que Lucena lo supiera”, recordó Díaz Martínez, quien razonó que “de esa manera esto viene a confirmar que se trató de un plan sistemático de represión ilegal del que Lucena no era ajeno”. El abogado recordó que tanto los hermanos Ponce como Burgos fueron secuestrados en Catamarca y que "según la documentación y otros testigos que hay en la causa fueron llevados a centros clandestinos de detención, entre ellos la Jefatura de Policía de Tucumán".

“Lucena y (Darío) Otero Arán -ex jefe de Inteligencia del RI 17- no pueden desconocer que en la provincia en la que ellos mandaban se realizaron detenciones y que los detenidos fueron llevados luego a Tucumán”, señaló Díaz Martínez, que tal como anticipó este diario confirmó que solicitará al juez Ricardo Antonio Moreno que cuando la causa retorne a Catamarca solicitará copias certificadas de las 250 hojas que entregó Clemente en el juicio contra Menéndez y otros tres policías, entre ellos el entonces jefe de Servicios Confidenciales, Roberto “El Tuerto” Albornoz. Para Díaz Martínez la prueba entregada por Clemente "es irrefutable" y de "gran valor probatorio".

Entre la documentación se cuentan nueve páginas y media que indican la suerte que corrieron 293 personas que estuvieron detenidas en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. En esa lista hay seis catamarqueños a los que se les aplicó lo que en la jerga militar se llamaba "disposición final", o sea la ejecución lisa y llana.

Además de los Ponce y de Burgos, también aparecen con el mismo destino los hermanos Aída Inés Villegas y Jorge Villegas, y Luis Oscar Gerván. Los tres últimos fueron secuestrados en Tucumán. Díaz Martínez explicó que en el caso de Burgos "se trata de una prueba de especial importancia", porque "era del que no teníamos registro alguno sobre el destino que se le dio".

"Esto demuestra que se trató de un plan sistemático de represión que funcionaba bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Menéndez, y que los militares de Tucumán y Catamarca trabajaban en forma conjunta", señaló el letrado a El Ancasti.