Lo secuestraron en la dictadura y hoy denuncia a uno de los presuntos responsables por amenazas de muerte

Entre las víctimas se encuentra el actual dirigente gremial Edmundo Olegario Cardozo (51 años) quien estuvo 45 días detenido en la ex Jefatura de Policía (en Junín y Santa Fe, donde hoy funciona la Brigada de Investigaciones) entre agosto y septiembre de 1978, cuando tenía 19 años.

El sindicalista denunció a Páez por haberlo amenazado de muerte en varias oportunidades en caso de aportar pruebas que lo involucren en otra causa judicial iniciada en abril por el abogado Gustavo Morales para que se investigue el accionar de Páez durante la dictadura militar.

“Cuando me secuestraron yo no tenía militancia alguna. Mi padre (del mismo nombre) era un dirigente peronista de FOTIA. Nunca supe por qué me detuvieron”, explicó a primerafuente el empleado de la comuna rural bajo la gestión de Cardozo.

Durante su reclusión, contó que fue golpeado en sucesivas ocasiones por efectivos policiales. Luego, sin entender hasta el día de hoy, fue trasladado a la Seccional 2º y liberado días después. “Le dijeron a mi padre que me habían encontrado borracho en el parque 9 de Julio. Nunca supe bien qué motivos hubo para que me detuvieran y tampoco para que me liberaran”, afirmó.

Todo lo que vivió durante su secuestro fue relatado durante la mañana de ayer en el Juzgado Federal Nº 1, bajo la subrogancia de Daniel Bejas.

De lo que sí está seguro Cardozo es que la detención y tortura de varios dirigentes gremiales azucareros de Delfín Gallo contaron con la complicidad de Páez, quien durante la dictadura, según el denunciante, se desempeñó como oficial de policía a cargo de la comisaría de la citada localidad.

“En abril pasado, Páez me vio cerca de Casa de Gobierno junto a Domingo Coronel, ex delegado comunal también de Delfín Gallo, secuestrado y torturado en 1976 y años siguientes”. Hoy Coronel gestiona ante la Justicia Federal una indemnización por lo que vivió durante la dictadura.

“Entiendo que a Páez le molestó mucho vernos juntos y temió que lo involucremos en la causa. Nos dijo que él tenía a su disposición policías en servicio y retirados con quienes me haría una cama. Desde entonces recibí amenazas de muerte para que no continúe con mi causa”, relató. “Ante esto, la Justicia me proveyó de custodia policial en el marco de la ley que contempla el Programa de Protección de Testigos”, aclaró.

Según Cardozo, toda esta situación ya fue notificada tanto al gobernador José Alperovich como al Ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, quienes parecen haber ignorado esta situación.