La Corte Suprema creó un cuerpo de peritos del Poder Judicial, que estará compuesta por diez miembros especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública.

Fue a través de la acordada 34/2014, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

"La Corte invoca el objetivo de afianzar la justicia y lograr una mayor eficacia en el caso de los delitos contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de la Organización de la Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales la República Argentina es parte", sostuvo un informe publicado en el Centro de Información Judicial.

Con esta medida se buscará “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos". La Corte sostiene que es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción.

La dependencia actuará a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y deberá elaborar informes de su especialidad en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes. Dicha tarea será llevada a cabo mediante la actuación de profesionales, de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes.