Asediado no sólo por la ola de calor sino, y sobre todo, por la falta de inversión prolongada en el tiempo, el Gobierno argentino compra energía en Uruguay para atender la fuerte demanda que provocó el reciente encendido masivo de aires acondicionados.

El país importó de urgencia 580 megavatios desde Uruguay, lo que equivale a poco más de 2% de la oferta total del país.

Lo hizo para hacer frente a la intensa demanda que provocó el encendido masivo de acondicionadores de aire. Asimismo, debió reducir las reservas con las que habitualmente trabaja el sistema a límites por debajo de lo recomendable según quienes manejan la operación cotidiana del sistema.

A pesar de que el Gobierno justifica estas maniobras por la ola de calor de cada año, existe una debilidad estructural en el sistema energético cada vez más acuciante.

De acuerdo con lo que informó Pablo Fernández Blanco para La Nación, el jefe de una de las principales generadoras del país, que pidió mantener en reserva su nombre, explicó que tanto él como muchos de sus colegas aprovechan la temperatura amena de la primavera para reparar las centrales de generación eléctrica. En los papeles, es una decisión bien razonada: octubre está equidistante en el calendario de las bajas temperaturas del invierno y del calor estival más fuerte. Pero en la Argentina en la que la energía pende de un hilo, el calor anticipado los dejó en posición adelantada.

Bajo este panorama, las compras de luz a Uruguay son cada vez más frecuentes. El director nacional de Energía, Ramón Méndez, dijo al matutino porteño que en algunas ocasiones se llega a pagar a razón de 300 dólares el MW/hora. En otras oportunidades, sin embargo, toma los excedentes, mucho más baratos. Eso es lo que viene ocurriendo en los últimos días.

Como si esto fuera poco, el Gobierno tiene una deuda importante con los principales productores de energía. Según números del sector privado, el Estado tiene que pagar más de 100 millones de dólares a las principales generadoras eléctricas.

En efecto, la secretaria de Energía, Mariana Matranga, firmó un convenio con representantes de Pampa Energía, una de las principales generadoras eléctricas del país.

Matranga terminó un trabajo que había iniciado su antecesor, Daniel Cameron, hace algunos meses: "Acordó" con el holding del empresario Marcelo Mindlin ampliar en 115 MW la capacidad instalada de la Central Térmica Loma de la Lata con una inversión de $ 750 millones, que deberá estar terminada para el invierno que viene, un período crítico según la mirada oficial, dada la cercanía con las elecciones presidenciales.

A cambio, el Gobierno pagará la cuenta, pero de una manera muy creativa: usará la deuda que mantiene con el grupo energético. En otros términos: los obligará a invertir la plata que les debe.

La deuda del Gobierno con las empresas se generó por la falta de pago de Cammesa.

Esa empresa, que está bajo el control de hombres del ministro de Economía, Axel Kicillof, se encarga de comprar la energía y vendérsela a las distribuidoras, como Edenor y Edesur. Pero por la crisis del sector, las distribuidoras hace meses que no pagan con regularidad a Cammesa, que practica el mismo vicio con las generadoras, como citó La Nación.