Las partes ya fueron debidamente notificados, incluso el juez federal Nº1 Fernando Poviña, luego que la Cámara Federal de Tucumán resolvió que hay elementos suficientes para dictar el procesamiento del ex juez Federal, Jorge Parache y el abogado César Paliza (h). Esto corresponde a la causa que se inició en 2006 por el supuesto delito de estafa contra el Estado Nacional a partir del pago de títulos de la deuda pública de 2001, en pleno default.

La instrucción de la causa caratulada "Scaravilla Lopez Alberto Domingo sobre defraudación en perjucio del Estado Nacional", llegó a esta nueva instancia para declarar inadmisible el recurso de apelación deducido por la defensa de Paliza y revocar la resolución de fecha 8 de abril de 2013 y en su rernplazo dispuso el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de César Roque PALIZA (h) y Jorge Raul PARACHE por resultar prima facie y conforme los elementos probatorios reunidos hasta ahora en la presente investigación, al primero de ellos presunto autor penalmente responsable del ilícito previsto y penado por el art. 174 inc. 5" del C.P. y con respecto a Jorge Raúl Parache partícipe necesario de dicho ilícito en concurso ideal con el art. 248 del C.P.

Además, los jueces de Cámara Adolfo Raúl Guzmán, Juan Carlos Reynaga y de la conjueza de Cámara Alicia Carranza dispusieron trabar embargo sobre bienes suficientes de propiedad de los nombrados hasta cubrir la suma de pesos un millón ($1.000.000) que se estiman suficientes para garantizar la pena pecuniaria, costas procesales y responsabilidades civiles conforme lo considerado.

De la investigación llevada adelante por el fiscal Carlos Brito, surgió que los sospechosos habrían pergeñado una maniobra especulativa. Según el fiscal, el demandante Alberto Domingo Scaravilli López habría invertido $ 295.750 en títulos públicos después del default de diciembre de 2001 con la intención de interponer una demanda contra el Estado a fin de que fuese declarada inconstitucional la normativa que pesificó a 1,4 más CER por dólar los bonos. Como consecuencia de una medida cautelar dispuesta por Parache -ordenaba al fisco que se abstuviera de concretar la pesificación-, el Estado desembolsó $ 1,2 millón en favor de Scaravilli López.

Lo trascendente de esta decisión de la Cámara de Apelación resulta porque deja sin efecto lo resuelto oportunamente por el conjuez Hugo Danesi, quien había dictado la falta de mérito respecto de los dos imputados.

Este razonamiento judicial inédito en la tramitación de causas penales sustentadas en una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2005 en los dos juzgados federales de Tucumán, favorecía a Parache y al letrado Paliza (h). En una resolución del 8 de abril de 2013, en el expediente "Scaravilli López", el conjuez Danesi otorgó el beneficio de la duda a ambos imputados al dictar la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos y ordenar la producción de las pruebas que estos habían requerido. Además, dispuso el sobreseimiento del contador Roberto Víctor Sosa, ex gerente de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán SA.

La decisión de Danesi daba la espalda a la hipótesis del fiscal federal Carlos Brito, que en esa causa había considerado probada la existencia de una maniobra para defraudar al Estado nacional iniciada con la interposición de una demanda por parte del abogado Paliza (h), en su carácter de apoderado de Alberto Domingo Scaravilli López. "Como consecuencia de dicho escrito y sólo ocho días después de su presentación, Parache había despachado -a favor del demandante- una cautelar que, junto con actos jurisdiccionales posteriores, permitieron percibir indebidamente la suma de $ 1.215.301,5 (implica una ganancia del 411% respecto de la inversión original de $ 295.750) correspondientes al pago por renta, servicios, intereses y capital vencido de Bontes 2003", sostuvo Brito, según la resolución de Danesi.

A favor del ex juez Parache, el conjuez Danesi opinó: "no puede dejar de señalarse que, al momento del dictado de la resolución cuestionada (14 de octubre de 2004), numerosos tribunales del país habían declarado la inconstitucionalidad de la normativa que establecía la 'pesificación forzosa' por considerar que ese régimen violaba el derecho de propiedad".