El delegado comunal de la localidad de Delfín Galló, Ramón Ambrosio Páez, pretendía expulsar del predio donde funcionó el ex ingenio Esperanza (terreno fiscal) a unas 300 familias humildes.
Como se observa en las imágenes, sin orden judicial, sin acompañamiento por parte de autoridades policiales, el delegado Comunal de Delfín Gallo, Ramón Ambrosio Páez, intentó realizar el pasado sábado (21 de febrero) un desalojo por la fuerza acompañado de civiles (serían empleados de la comuna).
Primerafuente accedió a un video que muestra cuando el funcionario avanza sobre las familias (viven alrededor de 300), para que desarmen sus casas y levanten sus pertenencias de la propiedad donde se encuentra el ex ingenio Esperanza. El jefe comunal pretendía que estas familias, abandonen el lugar. Muchas de estas residen hace más de 18 años.
Según los vecinos el enojo del delegado comunal nace a raíz de no poder avanzar en la construcción o instalación de una antena especial en un casco estratégico que cuenta el predio. Justo allí viven numerosas familias. El día que Páez quiso desalojar por la fuerza, no logró el cometido ya que los vecinos se resistieron con palos y machetes.
Las amenazas habrían tenido eficacia ya que varias familias se fueron del lugar, otras como la familia Gómez que se resistieron sufrieron rupturas en su vivienda y en su automóvil, curiosamente por desconocidos.
Lo curioso de esta situación que mantiene en alerta y con muchísima preocupación a los vecinos, es que; las tierras donde habitan son fiscales y se encuentran en pleito legal ya que el empresario Jorge Rochia Ferro, se encontraba como responsable a través del grupo, Azucarera los Balcanes. Ahora el Juez Federal Nº2 de Tucumán, Fernando Poviña, investiga sobre ese complejo industrial. Según trascendidos el magistrado había solicitado para la conformación de una cooperativa de trabajo a cargo de los obreros.
Cabe recordar que Páez fue comisario mayor de la Policía de Tucumán y fue señalado como responsable del secuestro y desaparición de dirigentes de la Fotia, puntualmente de Nicolás Romano. La causa es investigada por el juez federal subrogante, Daniel Bejas. En el mismo incidente, en enero de 1978, también fueron secuestrados Domingo Coronel, Vicente y Ramón Núñez, los que luego aparecieron con vida.
