En 35 carillas, la fiscalía replicó el fallo de Rafecas: "Estoy convencido de que en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia del 14 de enero de 2015 y de los que bregan por justicia hace dos décadas, corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes con el fin mencionado".

Según Pollicita, la "ayuda" que se denuncia "habría consistido en la creación de una Comisión de la Verdad y en su ratificación en sede legislativa, en razón de su afectación directa sobre la jurisdicción del juez argentino y la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal".

Rafechas había desechado las pruebas al considerar que el Memorándum con Irán nunca se llevó a cabo, y tampoco la denominada comisión de la verdad. No obstante, el fiscal Pollicita señaló que "la circunstancia de que no se haya cumplido el objetivo que se habría perseguido a través del acuerdo no le impidió a Nisman afirmar que la ayuda, como aporte material, había sido prestada con la suscripción y ratificación de un instrumento internacional que importaba quitarle la jurisdicción al juez de la causa".

"Otra cuestión controversial resulta el medio que utiliza el juez a quo para tener por confirmada la carta que presuntamente recibió en su correo electrónico el Canciller y con la cual entiende desvirtuada la ayuda que se habría prestado a los acusados iraníes", añadió.

En el escrito, Pollicita se refirió a la denominada cláusula séptima del Memorándum, que implicaba que una vez aprobado el mismo por ambos países, se debía comunicar a Interpol de la firma del mismo. "Resultaría conducente profundizar la pesquisa con miras a obtener un conocimiento acabado sobre la motivación que llevó a las partes a introducir la cláusula séptima y para lo cual sería de interés la producción de diligencias tendientes a obtener elementos de convicción, los cuales, analizados en su conjunto, permitirán conocer la intención que tuvieron con su proceder las personas denunciadas", aseguró.