Cristina enfrenta el cuarto paro general

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Será esta próxima la cuarta vez que Cristina Kirchner pruebe la amarga medicina de un paro general contra su Gobierno. Un primer dato sobresaliente retrata con fidelidad el desgaste sufrido por la actual administración: todas las medidas de fuerza se llevaron adelante durante su segundo turno presidencial.

Por el contrario, entre 2007 y 2011, la doctora Kirchner logró ser la única, desde la vuelta de la democracia en 1983, en completar un período presidencial sin enfrentar una huelga a nivel nacional. Tampoco debe pasarse por alto que aquella primera etapa transcurrió casi totalmente en vida de Néstor Kirchner, con quien el sindicalismo peronista había forjado una alianza de hierro.

Muerto el ex presidente en octubre de 2010, sobrevino la atomización del movimiento obrero en cinco centrales (tres CGT y dos CTA); y el entendimiento del kirchnerismo –o cristinismo si se quiere– con Hugo Moyano voló por los aires.

También debe decirse que, para entonces, comenzaron a resquebrajarse algunos índices de la recuperación económica lograda a partir de 2003. Una importantísima suba de precios, la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la devaluación de la moneda, son una parte del fenómeno que explica el deterioro.

Otra referencia ineludible: los cuatro paros contra Cristina llevan la marca del sindicalismo opositor que expresan las centrales de Moyano, de Luis Barrionuevo, de la CTA combativa de Pablo Micheli y de distintas fuerzas sociales y formaciones políticas de la izquierda más dura.

En esta oportunidad, sin embargo, el copyright de la huelga corresponde a los gremios del transporte que, agrupados en la sigla CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), buscan convertirse en referente de la oposición. En cualquier caso, cuentan para la huelga con la inestimable adhesión de Moyano y de las otras organizaciones sindicales anti K.

¿Cómo fueron los otros paros? El primero, realizado el 20 de noviembre de 2012, fue el de acatamiento más dispar. Sus promotores lo convocaron para reclamar mejoras salariales, la universalización de las asignaciones familiares y la eliminación del impuesto a las Ganancias en los sueldos. Y para exigir, además, la devolución de fondos retenidos a las obras sociales sindicales.

Moyano lo calificó entonces como un “éxito, un día de fiesta, con una adhesión superior a la imaginada”. Los cientos de piquetes estratégicamente dispuestos en los grandes accesos a la Capital y en el interior del país dieron pie al ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para caracterizar a la medida como “el gran piquetazo nacional”. Pero la Presidente entendió que su funcionario no le había bajado lo suficiente el precio a aquel paro, al que calificó de “apriete y amenaza”.

Aquella medida se sintió con fuerza en Capital y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el resto del país, en cambio, la adhesión fue despareja. La parálisis afectó, sí, fuertemente la actividad docente, casi no hubo vuelos y tampoco servicios de tren.

Pasó de largo 2013, con el frente sindical sosegado. En el verano de 2014 Moyano y Barrionuevo congeniaron una entente que hizo su bautismo de fuego el 10 de abril del año pasado, con otro paro de 24 horas. Fue hasta acá el más contundente, por lejos. El líder camionero había vaticinado que ese día no se movería un alfiler. Le salió bien la predicción.

Pero contrariamente a sus deseos y a los de Barrionuevo, los piquetes motorizados por expresiones de izquierda fueron los que acapararon la atención de todo el mundo, al punto de convencer a muchos que querían trabajar normalmente de volverse a sus casas.

Con todo, aquel día de otoño los gremios del transporte mostraron una férrea disciplina sindical. Aun queriendo, no había modo de movilizarse. La huelga se hizo en reclamo de una modificación del impuesto a las Ganancias y para que el Gobierno no pusiera techo a las paritarias. También se hizo para “acabar con la inseguridad y el narcotráfico”. Cristina volvió a hablar de apriete.

El tercer paro, el último 28 de agosto, se convirtió en una jornada nacional de protesta de 36 horas, que incluyó una marcha de la CTA a Plaza de Mayo. También pintaba para que las calles del país fueran una fotografía de la desolación. Pero 48 antes de la hora señalada, el colectivero Roberto Fernández, previamente ablandado por el Gobierno a puro subsidio para su sector, se bajó de la protesta, lo que le valió el mote de “traidor” por parte de sus colegas.

Con colectivos y taxis en las calles, mientras hubo luz solar, además del subte en Capital, el paro perdió consistencia. La medida se fundamentó, según sus ideólogos, en la caída del salario y el empleo en un contexto inflacionario creciente. También se reclamó, cuándo no, una actualización del mínimo no imponible de Ganancias y una reparación para los jubilados. (Infobae)