La fiscala Juana Prieto de Sólimo requirió a principios de abril la elevación a juicio de la causa iniciada en virtud de las anomalías detectadas en el trabajo que el ex fiscal Carlos Albaca desarrolló mientras controló la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, por considerar que el ex titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación de esta capital es el probable autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; de promoción de la represión (retardo y denegación de justicia) y de encubrimiento agravado.
Esta acusación fue organizada alrededor de la imputación de 11 hechos. Entre ellos, se describen pruebas técnicas y estudios científicos que no se habrían efectuado; sospechosos sobre los que no habría indagado y pistas que no habría seguido deliberadamente. En este sentido, el abogado defensor del ex fiscal, Manuel Agustín Pedernera, aseguró que se ha “descalificado respetuosamente las consideraciones de la fiscala”. “Están remitidos en el expediente en común y revertidos todos los hechos que se le atribuyen”, sostuvo.
En este contexto, el letrado presentó la oposición al requerimiento de elevación a juicio y pidió en este sentido el sobreseimiento para su cliente. “De manera sorpresiva y sin la debida motivación se está cerrando una investigación que aún no concluyó, esto incumple los deberes procesales exigidos para dilucidar las responsabilidades que se le pretenden endilgar a Albaca. Es una decisión injustificada y prematura, que cercena derechos de defensa que son de raigambre constitucional y que no sólo afectan a mi defendido gravemente sino también a la posibilidad de que toda la sociedad conozca lo que lamentablemente sucedió con la víctima”, expresó.
Asimismo, subrayó que no se habrían tenido en cuenta las pruebas presentadas por Albaca, que había negado su intervención o participación en los hechos que le atribuyen. En este sentido, solicitó el apartamiento de la fiscal Prieto de Solimo por haber presentado un requerimiento “nulo”. “El requerimiento de la fiscal adolece de total nulidad, puesto que no tiene una motivación válida. Ha concluido un requerimiento en una investigación que recién empezaba, y está previsto en el Código Procesal Penal el apartamiento del fiscal que hizo un requerimiento nulo”, explicó Pedernera.
La causa contra Albaca había sido abierta a partir de al menos dos denuncias: una de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y otra del diputado José Cano (UCR). El expediente recayó en la oficina de Prieto de Sólimo por orden del ministro público Edmundo Jiménez, tras la inhibición generalizada de los fiscales de instrucción. Previamente a la denuncia de la Corte, Albaca fue sometido a un sumario administrativo que desencadenó su renuncia con fines jubilatorios y precipitó la dimisión del ex ministro público Luis De Mitri.
