El juzgado federal de Tucumán N°1, a cargo de Raúl Daniel Bejas, ordenó la elevación a juicio de una banda integrada por siete personas acusadas de regentear dos reconocidos prostíbulos ubicados en la zona de la ex Terminal de Omnibus, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La organización habría captado, a través del engaño, a jóvenes en situación de vulnerabilidad para trasladarlas y luego explotarlas sexualmente en dos boliches denominados “Bar California”, un histórico local nocturno que funcionaba al menos desde hacía 15 años, y “Night Club”, ubicado en El Bajo. Ambos ya habían sido allanados en numerosas oportunidades.

Los imputados tendrían contacto con otros tratantes de las provincias de Salta, Catamarca y La Rioja y habrían sometido a otras mujeres y obligado a trabajar de “encargadas” para asegurarse que no declararían en su contra.

El caso La investigación se inició por una denuncia de la Fundación María de los Ángeles realizada a la justicia federal de Tucumán en abril de 2013. La organización no gubernamental liderada por Susana Trimarco dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo.

El 13 de septiembre, se realizaron los allanamientos en ambos prostíbulos, donde se hallaron importantes sumas de dinero, preservativos, cartuchos calibre .16, .28 y .125 y dos municiones calibre 1125 mm.

El 8 de octubre de 2013, los siete imputados habían sido procesados con prisión preventiva y en diciembre de 2014, el fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación a juicio.

Cómo funcionaba la banda

Los dos principales imputados serían una pareja que deberá responder en calidad de coautores. La mujer habría sido la encargada de la explotación “comercial” y de la captación, traslado y acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual.

Por su parte, el hombre era quien le habría dado las instrucciones a su pareja sobre cómo proceder en la administración de ambos locales. En la resolución, el juez dio por probado que era el encargado de “resolver” de manera violenta algunos conflictos y habría promovido y facilitado las tareas de captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de personas empleando violencia e intimidación sobre las víctimas.

Las mujeres debían realizar jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, habrían sufrido violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso a través de armas de fuego.

La banda habría contado con la colaboración de otros cinco cómplices que cumplían tareas como la administración del dinero, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control de ellas.

Uno de los acusados sería, además, un hombre con salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, quien habría cumplido el rol de seguridad interna y externa y de amedrentar a las mujeres, ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las víctimas añadió que era el encargado de facilitarle drogas.

La organización criminal banda habría implementado un sistema de multas y de rotación entre los prostíbulos y otros ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja.

Los imputados habrían obligado a otras mujeres a hacer las veces de “encargadas” para asegurarse que no declaren en su contra. En su declaración, una de las víctimas aseguró que tuvo que realizar “pases” hasta los ocho meses de embarazo así como también en ocasiones donde se encontraba enferma.

Asimismo, relató que tenían una suerte de “discurso” armado para que declarasen luego de los procedimientos judiciales que consistía en decir que “trabajaban por su cuenta” y que, como castigo extremo, las mantenían encerradas en una de las habitaciones del prostíbulo.