Ante el avance de un flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto, desde el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que conduce Edmundo Jiménez, se puso en marcha un plan de lucha contra las drogas.

Para graficar la gravedad del problema, el magistrado informó que de acuerdo a un relevamiento realizado durante un turno en una fiscalía penal, se constató que 8 de cada 10 aprehendidos por delitos, es decir el 80%, reconoció que consume algún tipo de estupefaciente.

Entre otras medidas que apuntan a la concientización y sensibilización de la sociedad sobre la real dimensión de este problema,  se avanzará con la implementación de una “guía para la derivación de pacientes con problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas”.

Con esa premisa, el jefe de los fiscales convocó a una reunión el próximo martes a las 17.30, en la sede de la Delegación NOA del Ministerio de Seguridad de la Nación, en calle Laprida 1.040 de la capital, donde representantes de distintas área del Ejecutivo y de la Justicia participarán de la presentación de esta guía. La tarea estará a cargo del secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia, Lucas Haurigot Posse.

Jiménez detalló que se realizará un relevamiento sobre los recursos con los que cuenta cada una de las instituciones que trabajan en la atención de adictos a los fines de abordar la problemática. “Todos actúan en forma individual, sin coordinación. El Siprosa tiene servicios para ofrecer que en la Justicia desconocemos. Entonces nos vamos a reunir para saber con qué herramientas contamos”, precisó.

Además, destacó “la tarea que realizan las organizaciones intermedias, como la Iglesia, a través de las ‘fazendas’, pero no se conoce cómo se puede acceder. Por eso esta guía dirá cómo derivar los casos de adicciones que detecte la Justicia, o cómo actuar ante el conocimiento de los actores sociales de un hecho relacionado con venta de droga”, explicó el ministro fiscal.

De la reunión prevista para la próxima semana participarán jueces de Familia, penales, de Menores y correccionales, los defensores oficiales, los fiscales, el gabinete psicosocial, el cuerpo de peritos médicos y los forenses. Además, fueron convocados representantes de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social, el titular de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tucumán, Melitón Chávez, el obispo de Concepción, José María Rossi, y los directores del instituto Roca, del centro Goretti, del hospital Obarrio, del centro Las Moritas y del hospicio Del Carmen, donde se atiende a los adictos.

El responsable del Ministerio Público Fiscal advirtió que “la droga es un problema que afecta a nuestra sociedad. Partimos de la observación que día a día vamos perdiendo terreno en esa lucha y que es necesario programar otras estrategias y planes para cambiar esta realidad que nos aqueja”, acotó.

Según Jiménez, “La droga no sólo nos afecta en la salud, que es una cuestión que nos interesa a todos, sino que también nos afecta en la seguridad y la familia, al tiempo de generar corrupción en los sistemas de gobierno y las distintas instituciones y el tejido social”.

Frente a ese panorama, el magistrado propone “promover la sensibilidad ciudadana, la toma de conciencia del problema en su real dimensión; comprender mejor el fenómeno de la droga, sus alcances, su inserción social y sus factores económicos; dirigir acciones a los aspectos que comprometen a los niños y los jóvenes, principales víctimas de este problema y trabajar y promover la coordinación entre los distintos responsables institucionales y con organizaciones de la comunidad”.

Jiménez reconoció que hay “falencias en muchas áreas que no se ocupan debidamente del problema, y otras que carecen de recursos para hacerlo. Por ello, hacen falta respuestas más realistas y eficaces. El narcotráfico está munido de los más modernos recursos, de los que dispone en abundancia, sin escrúpulos y sin límites. Pero no hay problema que no podamos resolver entre todos”, enfatizó.