Se trata de un amparo que 13 diputados de la oposición, entre ellos Mario Negri, Federico Pinedo, Fernando Sánchez, Graciela Camaño y Pablo Tonelli, presentaron para suspender y declarar la inconstitucionalidad de la la investigación, al entender que la misma viola el reglamento de la comisión. La jueza Marra Giménez rechazó "in limine" (sin tratar el fondo del pedido) el amparo porque entendió que los diputados no tienen legitimación para reclamar por la situación de Fayt.

La magistrada sostuvo que "quien acciona debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados lo afecten de manera directa o sustancial, concreta o inmediata" y señaló que en este caso "no existe legitimación de los actores, sea en el específico carácter de diputados nacionales o, bien, en su condición de ciudadanos".

"En cuanto al carácter de diputados nacionales, la carencia de legitimación aparece nítida porque tal calidad solo los habilita para actuar como tales en el ámbito que integran y con el alcance otorgado por tal función por la Constitución Nacional", explicó la jueza.

Para la magistrada, "el legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas".

Los diputados de la oposición apelaron el fallo para que sea revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y criticaron la resolución de la jueza. Los legisladores sostuvieron que "si los ciudadanos no pueden exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional, si tampoco pueden hacerlo sus representantes, los Diputados de la Nación, ¿quién tiene legitimación activa para exigir el respeto irrestricto de la norma que nos define como Nación, como Estado y como comunidad política? Nada más arbitrario y peligroso para nuestra democracia constitucional que la lista y llana denegación del acceso a la justicia".

El kirchnerismo inició la investigación para determinar si el juez de 97 años se encuentra en condiciones psicofísicas de integrar el máximo tribunal del país, habida cuenta de las versiones que indican que el magistrado se encuentra muy deteriorado, que no participa de las actividades de la Corte y que sus secretarios actúan por él.