La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,90% los recursos coparticipables del Estado nacional con las provincias, se informó hoy en los tribunales.

Se trata de los artículos 1 inciso a y 4 del decreto 1.399 dictado el 4 de noviembre de 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa, que dispuso una deducción de “la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP”.

La Corte declaró inconstitucional la reducción de los recursos coparticipables a las provincias Para la Corte Suprema esos fondos eran coparticipables y en consecuencia deberán devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos en razón del citado decreto a las provincias de Santa Fe y San Luis, que habían recurrido a la justicia y llegaron hasta el máximo tribunal.

El Tribunal argumentó que De la Rúa actuó sin autorización del Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.

Para la provincia que gobernará a partir del 10 de diciembre Miguel Lifschitz son alrededor 5.000 millones de pesos y otro tanto para Córdoba, más unos mil millones de pesos de San Luis.

Esos números corresponden a lo que inmediatamente recuperará cada estado provincial por la suspensión del recorte del 15%, según un informe de IARAF. Sin embargo, el fallo es retroactivo y obliga a devolverle a esos estados todo lo recortado desde el 1 de enero de 2006, más los intereses.

En este ítem, Córdoba suma unos 19.800 millones y Sante Fe, 19.900 millones de pesos. Y unos 5.000 millones en el caso de San Luis. Pero esto es a valores históricos, advierten en el IARAF. Es decir, que hay que actualizarlo; con una tasa “benigna” del 20% anual, se llega a alrededor de 35.000 millones de pesos para Santa Fe y Córdoba, unos 70.000 millones de pesos entre las dos. Con los 9000 millones actualizados para San Luis, la cifra puede orillar casi 80.000 millones en total, calcularon.

Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en cerca de $80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $35.000 millones para cada distrito, más otros $10.000 millones para San Luis.

"Son valores muy elevados pero no descabellados, dados los desequilibrios del sistema de coparticipación que se han venido acumulando en 20 años. Es un desafío para ambos gobiernos, nacional y provincial, negociar cómo se va a hacer tal devolución", explicó Barraud a Infobae. Recordó que el stock de deuda acumulado por Córdoba con la Nación es de $6.745 millones, una cifra que dista de compensar la deuda nacional con la provincia.

"Es llamativo ahora que surja ahora este tema. Con la coparticipación venimos con un incumplimiento con el precepto constitucional de reformularla desde 1996. Es raro el timing, como una piedra en el zapato que va ser difícil de negociar para el próximo Presidente", comentó Barraud.

El fallo de la Corte obliga al Estado nacional a "cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días" y "devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan". El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para hacer efectiva la sentencia, con acuerdo entre las partes sobre forma y plazo para el reintegro.

Un estudio de IARAF con datos al cierre de 2014 determinó que mientras que cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego recibió durante 2014 $25.174, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ingresaron $1.895 per cápita. El año pasado Córdoba recibió $7.632 por habitante; Santa Fe, $8.048 y San Luis $13.824, mientras que el promedio nacional fue de 12.014 pesos.

Con esta decisición, la Corte dejó abierta la puerta a que se produzcan nuevos reclamos desde otros gobiernos provinciales, pues el Tribunal señaló que "han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación", que en su artículo 75 inciso 2 exige garantizar "la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".