El ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, recibió este martes al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, el Jefe de Policía, Dante Bustamante, y la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, con el objetivo de unificar criterios entre ambos poderes sobre el proceder respecto a las motos robadas y robo de celulares.

La reunión de este martes forma parte de una serie de encuentros que vienen manteniendo ambos poderes en pos de mejorar la seguridad y agilizar la Justicia. En esa dirección, desde el gobierno pretenden que quienes circulen en motos robadas sean detenidos. Esta medida, sostienen, reduciría el mercado negro de venta de este tipo de rodados que se nutre de los robos. 

“Buscamos coordinar acciones con los señores fiscales para que las personas que transiten en una moto que tiene pedido de secuestro o se sospecha que es robada o tiene adulterado el número de motor o de chasis, puedan ser detenidas para la investigación”, comentó Regino Amado.

En este mismo sentido, para el caso de robo de celulares, el funcionario informó que la Policía va a empezar a solicitar a quien realiza la denuncia, el número de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil). “Con este número la Policía y la Justicia puede investigar quien es el titular para la devolución del móvil o en caso de que un celular estuvo involucrado en un ilícito, también saber quién es el propietario”, agregó.

Con relación a este último punto, Amado recomendó que las compras de celulares usados se realicen en las casas correctamente habilitadas para evitar adquirir un móvil que pueda haber sido utilizado para cometer ilícitos.

Con respecto a los negocios que operan en el mercado negro, el funcionario adelantó que se encuentra en proceso de gestación una serie de allanamientos coordinados entre la Policía de Tucumán y fuerzas nacionales, con el objetivo de desbaratar los lugares que no están correctamente reglamentados y donde se sospeche que se venden motos o celulares robados.

Por su parte, el ministro Fiscal también resaltó la importancia de que se estén coordinando tareas entre las fuerzas policiales y los fiscales que apunten a una mejoría en materia de seguridad. “La seguridad es un tema que requiere el esfuerzo de todos los que estamos involucrados y los que puedan colaborar con esto”, sostuvo Jiménez.

Con relación al planteo que el gobierno realizó hoy, con respecto a la actuación de los fiscales en casos de robo de motos y celulares, Jiménez aseguró que se unificarán criterios entre todas las fiscalías “para que cuando los casos lleguen acá (poder judicial) podamos implementar un sistema con la eficiencia suficiente para encontrar los objetos robados y a los delincuentes”.

Otro de los puntos en el cual coincidieron el Ministerio Fiscal y el PE, apunta a la necesidad de realizar una fuerte tarea de informar a la ciudadanía sobre cómo proceder en cada caso, y sobre todas las precauciones que se deben tener a la hora de comprar celulares o motos usadas. “Hay gente que compra vehículos o celulares usados en buena fe pero se dan con que esos objetos son robados o fueron utilizados para cometer delitos. Hay registros nacionales y provinciales de objetos robados, hay medidas de verificación de los vehículos para saber si no fueron adulterados, y aquellos no que no tomen estos recaudos les será muy difícil demostrar su buena fe”, argumentó.