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Confirman el procesamiento a Báez y ordenan investigar a Cristina

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La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del empresario. El tribunal de alzada también ratificó el primer embargo por 100 millones de pesos sobre sus bienes. Para los camaristas el juez debe avanzar "sin demoras" sobre la línea investigativa de las anteriores autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas.
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del empresario Lázaro Báez y de su hijo Martín con prisión preventiva en la causa por lavado de dinero. 

Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que precisaron que la medida de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani alcanza además al contador Daniel Pérez Gadín, uno de los protagonistas de los videos que mostraban cómo se contaban millones de dólares en La Rosadita, la financiera que funcionaba en el Madero Center y que estaba había pertenecido a Federico Elaskar.

"Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández", subrayó el Tribunal en el fallo.

Resaltaron que la Sala advirtió en anteriores intervenciones que no podía parcializarse la investigación de las maniobras y que, en esa línea, había hechos inseparables de las hipótesis por las que se promovió la instrucción, en las que era necesario enfocar la atención. Se afirmó, resumidamente:

1.- Que Báez manejó caudales de dinero elevados presuntamente provenientes de delitos;

2.- que la investigación sobre la procedencia de esos bienes no puede ser desligada de la circunstancia de que “sus empresas fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas, solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación”;

3.- que “paralelamente existieron, en forma continuada y repetida, vínculos –al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada. Ello era así mientras todo lo anteriormente explicado se desarrollaba, e incluso desde antes”, por lo que “es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.

Como conclusión, los Camaristas señalaron que ya estaban conformadas en el proceso las sospechas que involucraban a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, porque –dijeron- “es de sentido común concluir que resulta inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial –ilícito- que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado, avanzando así sobre la hipótesis de un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, –a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político-".-

Renglón aparte, los camaristas le encomendaron al juez Casanello "avanzar sobre esa línea sin más demoras".