“Belén llegó a un hospital público de Tucumán para que la atendieran por un dolor de panza. No sabía que estaba sufriendo un aborto, que fue anotado en su historia clínica como “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”. Su recorrido desde que llegó al hospital muestra las violaciones de derechos que sufrió por parte del Estado, que incumplió una a una sus obligaciones de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos. Belén salió del hospital hacia una cárcel. Hace más de dos años que está presa, con prisión preventiva. A fines de abril fue condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basa parte de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron, antes que en la existencia de pruebas”

Con estos  fundamentos, Andhes, junto a otras nueve organizaciones comprometidas con los derechos humanos, se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.

Los amicus dan argumentos legales para que se revierta la condena de Belén y se garantice su libertad incondicional e inmediata.

Las organizaciones son:  Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), elCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacionalSoledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos).

El Estado, a través de los servicios médicos y los operadores judiciales, sometió a la joven a malos tratos y humillación. De esa forma incumplió su deber de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En particular, los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.

Desde Andhes remarcó que tanto desde Naciones Unidas como desde el Sistema Interamericano, a través de sus órganos  y documentos específicos (CEDAW y  sus recomendaciones generales –19, 24 y 33 atañen al caso específico de Belén–, la Plataforma de Acción de Beijing, y la Convención de Belém do Pará), se remarcó en diferentes oportunidades los estándares de derecho que los Estados deben cumplir para garantizar la protección de las mujeres. El 15 de julio reciente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones finales sobre la Argentina indicó que el Estado “debe revisar el ‘caso de Belén’, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto”.

“Las circunstancias que rodean el caso de Belén constituyen un eslabón más en la violencia de género de cuño institucional. La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida. En los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna. En base a esas desigualdades, insistimos en la necesidad de aborto legal, seguro y gratuito”, concluyeron desde la organización en defensa de derechos humanos.