La Mesa por Libertad para Belén realizó una conferencia de prensa este jueves, en la Asociación de Prensa de Tucumán (Junín 775), para informar acerca de la presentación que se realizó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respecto de las “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina” sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

En este informe, el organismo con sede en Ginebra, pidió la revisión al Estado argentino de la situación que vive la joven tucumana que está presa desde hace más de dos años tras sufrir un aborto espontáneo cuando fue a atenderse al hospital Avellaneda.

“El “caso de Belén”, según todos los estándares internacionales en la materia, demuestra el maltrato que sufren las mujeres en los episodios de abortos involuntarios –como este caso- y voluntarios, y en relación a esto sostenemos que se deben revisar y reglamentar los protocolos de actuación sanitaria para el aborto punible”, comentó Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

En este marco, aclaró que el Estado “debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal e informal sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva".

A su tiempo, el presidente de Innocence Project Argentina (IP Argentina), el ex diputado Manuel Garrido, sostuvo que el tribunal tucumano dio un fallo “más que contradictorio” al resolver la condena de la joven “sin ninguna prueba concreta de que existió el delito por el que se la condenó". “En primer lugar nunca se realizó una prueba de ADN para constatar el vinculo con el feto que se encontró. En segundo lugar la prueba que se le realizó para comprobar que el bebé estuvo con vida es una prueba que la misma ciencia médica recomienda comprobarse por otros métodos porque suele incurrir en un falso positivo”, agregó.

Por su parte, Mariela Balski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, expresó: "Pedimos liberación de Belén y que se anule la sentencia en su contra. También  vinimos a compartir información que nos pidió Naciones Unidas  porque consideran que es un caso de violencia de género. La idea es generar protocolos de atención en permanente diálogo entre el área de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud".

En este mismo sentido, adelantó que en octubre la Argentina debe presentarse ante el Comité de Discriminación contra la Mujer. “En la oportunidad el caso Belén volverá a presentarse ante Naciones Unidas", agregó, y aclaró que “si los abogados así lo consideran el caso podría ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unida directamente".

La Dra. Soledad Deza, quien está a cargo de la defensa de la joven, sostuvo que tanto el personal del hospital como la Policía “violentaron todos sus derechos”. “Los médicos y los policías del hospital la condenaron desde el momento en que la vieron llegar y la maltrataron. Los médicos asumieron que Belén se había realizado un aborto, violaron el secreto profesional e informaron a la policía que le realizó un exhaustivo examen, atentando contra su cuerpo”, agregó.

Con estos argumentos, la Mesa por Libertad para Belén solicitó a la Corte Suprema de Justicia que resuelva la nulidad del fallo condenatorio y ordene la inmediata liberación de Belén, y al Gobierno la aplicación de programas de educación y sensibilización sexual, la reglamentación del protocolo de aborto no punible y mejoras sustanciales en la atención hospitalaria para episodios de abortos voluntario e involuntarios.

Las organizaciones que firmaron el Amicus Curiae son: Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y el diputado nacional por Salta, Pablo López (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos).

El caso Belén

Belén llegó al Hospital Avellaneda con un aborto espontáneo, el 21 de marzo de 2014. La joven, que en aquel entonces tenía 25 años, llegó al nosocomio con un fuerte dolor abdominal y una intensa hemorragia vaginal. Sin saberlo, estaba perdiendo un embarazo. El personal médico que la atendió ese día la culpó de haberse practicado un aborto y desde ese momento su vida se convirtió en una pesadilla.

Belén pasó los últimos dos años en la cárcel de Mujeres, esperando justicia. Este 19 de abril, fue encontrada culpable por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, y condenada a 8 años de prisión. Cuando se tomó estado público de la situación, todo el país reaccionó, principalmente organizaciones de defensa de derechos humanos, que consideran que el fallo de la justicia tucumana “promueve el maltrato físico y psicológico que recibió la joven”.

“Aquí se han vulnerado todos los derechos de Belén, y condenarla sería aprobar el infierno que padeció”, sostienen.

La condena aún no está firme. La defensa pidió que se revise la sentencia y el cese de la prisión preventiva para que Belén espere la resolución del fallo en su casa.