En 1966 se produjo una de las mayores sangrías económicas y laborales de Tucumán. Con el decreto-ley 16.926 se intervinieron 7 ingenios que luego se extendieron a 15. Como consecuencia, muchos pueblos tucumanos fueron languideciendo y desapareciendo. El golpe a la industria azucarera dejó sin trabajo a más de 50.000 empleados de fábrica y unos 10.000 pequeños cañeros fueron excluidos de la actividad. 

La superficie sembrada en 1965 llegó a superar las 210.000 hectáreas, pero en el 67 apenas llegaba a las 130.000, lo que acarreó la pérdida de más de 30.000 puestos de trabajo. Todo esto llevó a que el producto bruto interno de Tucumán se redujera en una tercera parte. Y más de 250.000 tucumanos se vieran obligados a dejar la provincia para buscar nuevos horizontes laborales en Buenos Aires y Rosario.