Este martes a la noche el juez Darío Alarcón ordenó detener a los tres ex jueces penales que días atrás renunciaron y también al empresario Luis Pericás, empresario propietario de LV7 Radio Tucumán.
Se trata de los ex magistrados Miguel Moreno, Lucrecia Martínez Llanos y Ramón Tarchini Saavedra. Esto se desprende luego de la denuncia por defraudación que realizó la Fiscalía de Estado de la provincia Tucumán, por una serie de embargos por más de siete millones de pesos ordenadas por los ex jueces contra la Provincia, luego de una denuncia presentada por el empresario Pericás, sin haber argumentos válidos.
Tras la orden del Alarcón, Miguel Moreno y Lucrecia Martínez Llanos presentaron eximición de prisión, que será resuelta este miércoles a la mañana por el magistrado interviniente. Los allanamientos finalizaron pasada las 21.30 y se secuestraron diversa documentación. Aún no se sabe el paradero del empresario Luis Pericás.
Primera detención
En el marco de los allanamientos realizados este martes y tras la orden del juez Darío Alarcón, se detuvo a un hombre de apellido Antuz, que trabajaba en el juzgado del Crimen de Segunda Nominación. El hombre está imputado como partícipe primario en la causa por el supuesto delito de defraudación calificada.
Los antecedentes
Los profesionales están acusados de supuesto "mal desempeño de sus funciones y desconocimiento del Derecho", en una presentación que realizó la Fiscalía de Estado de Tucumán ante el Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero.
Fraude en perjuicio de la Administración Pública de Tucumán; asociación ilícita; tráfico de influencias; cohecho pasivo agravado; prevaricato; denegatoria y retardo de Justicia y falsificación de instrumento público, sería la batería de supuestos delitos que el Estado tucumano endilga a los ex magistrados de la vecina provincia en su denuncia penal presentada en el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación a cargo del juez Darío Alarcón.
Los hechos denunciados surgieron a partir de una presentación de Pericás contra Marcelo Ditinis, secretario de Prensa y Difusión durante el gobierno de José Alperovich. El empresario periodístico reclamó ante la Justicia poder recibir pauta publicitaria. En ese contexto, los renunciantes magistrados ordenaron una serie de embargo a la cuenta oficial del Gobierno de Tucumán por un supuesto "delito a establecer", por más de siete millones de pesos. Ese dinero habría ido a engrosar los bolsillos del dueño de LV7 Radio Tucumán.
