En primer lugar, la ley contempla otorgar recursos discrecionales al Estado para combatir la avanzada de la delincuencia, que incluye todos los delitos, desde los más complejos como narcotráfico, venta de armas, lavado de dinero, hasta los simples como robos y arrebatos.
Además, incluye la emergencia en el sistema carcelario, lo que facultará al Poder Ejecutivo el presupuesto para que realice las obras necesarias para solucionarlo, mejorando y ampliando la infraestructura edilicia y también incorporando y capacitando a personal penitenciario.
De este modo, el PE contará con los recursos necesarios y tendrá la obligación de dar respuestas a la situación de los presos detenidos en comisarías, en el marco de la crisis carcelaria que estalló a mediados del 2015 luego de la muerte de dos detenidos en la Brigada de Investigaciones Norte, ocurrida el 29 de junio tras el incendio de una celda.
Cabe recordar que la situación se desató por el pedido de hábeas corpus correctivo colectivo presentado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni para que los presos no continúen detenidos en dependencias policiales.
El último de los ámbitos incluido en la ley, y no menor, es el de la emergencia en la atención y prevención de las adicciones. En este sentido, se prevé ampliar los programas de tratamiento y contención a adictos en todo el territorio provincial, así como habilitar la creación de nuevos espacios de rehabilitación.
Con este punto el gobierno deberá dar respuestas urgentes a un reclamo en el cual persisten desde hace años agrupaciones como Las Madres de los Pañuelos Negro y la Hermandad de los Barrios, entre otros, y que motivaron un sinfín de movilizaciones sociales.
Por último, la ley estipula la creación de una comisión interpoderes, con representantes legislativos, ejecutivos y judiciales, incluyendo también a la Justicia Federal. Este punto fue incorporado luego de los planteos de ambos poderes judiciales que pedían la unificación de criterios de actuación, sobre todo en cuanto al combate del narcotráfico, y que incluye un trabajo coordinado con todas las fuerzas policiales.
Durante la sesión de este jueves, la Legislatura adhirió además a la ley nacional de seguridad decretada hace poco tiempo por el presidente Mauricio Macri.
