“En Tucumán se deben debatir los códigos que datan desde la época de la dictadura y que han sido declarados inconstitucionales porque permiten y avalan que el policía pueda detenerte en la calle por portación de cara, que sean juez y parte, y que por considerar que tenéis cara sospechosa pases varios días encerrado con personas que han cometido robos o asesinatos. No respetan ni la identidad de género porque te encierran con todos varones”, sostienen desde la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de la Argentina.
Por el caso, ayer fueron condenados dos policías por haberla mantenido detenida de manera ilegítima. La sentencia -aunque no era la esperada- demuestra de alguna manera la impunidad con la que las fuerzas policiales actúan, en especial con los sectores más desprotegidos de la sociedad, cobijados bajo una ley creada a los propósitos de la última dictadura militar.
“La policía estaba acostumbrada a que no se los denuncie y queden impunes, y este caso hará que de una vez por todas se les aplique sanciones a las fuerzas policiales que abusen de su autoridad. Es fundamental que tomen conciencia de todos los abusos a los que estamos expuestas las personas trans, especialmente las mujeres que a veces no nos queda otra que ejercer la prostitución porque nuestro estado nos condena y no nos deja otra alternativa”, denunciaron desde la Mesa de Justicia para Celeste.
El Código de Contravenciones Policiales es una vieja deuda del Estado. Tristemente, la norma que brinda herramientas legales que permite a las fuerzas de seguridad la detención de ciudadanos por diferentes faltas sociales que no están previstas en el Código Penal Argentino, sigue vigente. Al menos ocho proyectos de ley se presentaron con la anterior conformación de la Legislatura para eliminar el actual sistema de contravenciones policiales. Sin embargo, no hubo cambios con respecto al mecanismo de arrestos. Por su parte, la actual composición de la Cámara ya presentó, desde diciembre a esta parte, tres proyectos diferentes para cambiar la ley N° 5.140, creada durante la última dictadura militar.
La sentencia del caso “Celeste” resulta entonces aún más paradigmática por darse luego de que se reinstalara el tema en la agenda parlamentaria y en una etapa en donde la Policía como institución está fuertemente cuestionada. Además, los legisladores de esta gestión parecen más dispuestos a darle curso a proyectos que nunca vieron la luz con el alperovichismo. Ejemplo de eso fue la aprobación del Código Procesal Penal tras varios años de retraso.
Finalmente, el debate oral derivó en la orden del Tribunal de una nueva instrucción, devolvió la causa a la órbita de la fiscalía Vº, que conduce Washington Navarro Dávila, y se exhortó al Ministerio Público Fiscal que instruya a sus fiscales para evitar que se repitan falencias en las investigaciones. Esto fue más que un llamado de atención para los fiscales de instrucción, y en especial para Navarro Dávila, quien ya había sido cuestionado en otras ocasiones por su desempeño al frente de una investigación penal.
No obstante, los jueces decidieron, a pesar de que a su criterio la instrucción estaba muy mal desarrollada, no absolver a los imputados para no desproteger a la joven y dar otra oportunidad al Ministerio Fiscal. Podría deberse seguramente a la relevancia del caso y por la presión de todo el colectivo trans, que acompañó el debate hasta las últimas instancias. Lo cierto es que la causa volverá a ser investigada, los imputados seguirán en libertad mientras tanto, y la joven Celeste, quien se convirtió en la punta de lanza de las comunidades LGTBI, deberá seguir pujando para encontrar justicia.
