La empresa Correo Argentino de la familia de Mauricio Macri seguirá sin pagar sus deudas millonarias gracias a un pedido de postergación que presentó el Gobierno justo un rato antes de que empezara la audiencia donde se trataría el asunto. Un joven apoderado del ministerio de Comunicaciones, Juan Bernabé Aráoz, llevó un escrito en el que requiere que todo el proceso quede en suspenso por 120 días con la excusa de que el Poder Ejecutivo está en plena elaboración de dos decretos que regularán los conflictos de interés en casos, precisamente, como éste, y porque quiere esperar al resultado de un informe pedido a la Auditoría General de la Nación. Como es evidente el Presidente apuesta a diluir el escándalo que causó un impacto notable, quizá el más fuerte desde el inicio del gobierno de Cambiemos, cuando salió a la luz un dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, que se oponía al acuerdo por el cual el Estado admitía una propuesta de la empresa postal familiar que implicaba la condonación de un 98,87 por ciento de su deuda de 4.000 mil millones de pesos, acumulada desde 2001.

La audiencia que las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini habían convocado para ayer a la mañana respondía a un pedido del Estado Nacional, que planteó reconsiderar el acuerdo firmado con el Correo el 28 de junio del año pasado, calificado por la fiscal Boquín como “ruinoso” para las arcas públicas, “abusivo” e “irrazonable”.  Era la supuesta vuelta a “foja cero” que anunció Macri en una conferencia de prensa, pero que ahora se sincera como un recurso para hacer tiempo.  Cerca de las 11, las juezas dieron la bienvenida a las partes y los síndicos con el escrito del apoderado estatal en la mano, pero no pidieron opinión en el momento, sino que ya empezaron a diferir las definiciones desde el vamos. Con toda la burocracia que se pone en marcha, hasta que notifican a las partes y todos opinan por escrito pasarán algunas semanas. Si se cumplen los plazos de cinco días para que cada parte diga su posición, las camaristas estarían en condiciones de resolver entrado abril, si aprueban la suspensión por 120 días (que son hábiles). Si la conceden, y su el tribunal llegara a aprobar los 120 días hábiles requeridos, es posible que nada se vuelva a discutir hasta después de las elecciones, según estimaciones que circulan por el fuero comercial. 

El apoderado se presentó “siguiendo expresas instrucciones del señor ministro de Comunicaciones” Oscar Aguad,  ante “las suspicacias” que generó este caso, y para explicar que el Gobierno tiene en vías de implementación un procedimiento que “perfeccionará las reglas y procedimientos de actuación en casos en que pudieran existir conflictos de interés o situaciones que puedan debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. Será una reglamentación sobre la actual ley de Etica Pública. El Procurador del Tesoro, actualmente Caros Balbín, asumirá según esta norma la representación del Estado en las causas alcanzadas por el nuevo régimen. Y antes de tomar decisiones, deberá comunicar a la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General y la Comisión Parlamentaria Mixta revisora de cuentas. Las incompatibilidades están previstas en la ley vigente, pero a partir del intento de salvar a la empresa del Grupo Macri de la deuda que quedó al desnudo, el Poder Ejecutivo salió a dar muestras de querer generar mecanismos transparentes.

En lo que atañe el expediente del Correo, la ley habilita a que intervenga el Procurador del Tesoro en casos de gravedad institucional. O sea, no haría falta esperar. Los nuevos mecanismos proyectados, en este asunto en particular, sólo coadyuvan a dilatar los tiempos. Incluso el texto del Estado dice que los decretos saldrían en cuestión de días, pese a que en el proceso de consulta pública que se abrió recibieron numerosas críticas técnicas de organizaciones no gubernamentales. Pero la razón por la que termina de justificar los 120 días, es que ése es el tiempo que tiene previsto la Auditoría General de la Nación, para elaborar sus conclusiones sobre el estado de cuentas del Correo Argentino y el Estado.

 A la cita judicial que quedó a mitad de camino fueron el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibilis Robirosa, y el CEO de Socma, Leonardo Maffioli, además del apoderado Jaime Kleidermacher. Socma es la empresa que controla a Sideco, que es la que maneja al Correo. Esta vez el Estado no mandó a Juan Mocoroa, el director de asuntos jurídicos del ministerio de Aguad, quien fue la persona que admitió el acuerdo que favorecía a la empresa el año pasado y terminó denunciado. Estuvo Aráoz en su lugar. Fueron los síndicos y la fiscal Boquín. Condujeron la breve audiencia las dos juezas que tienen este expediente desde hace seis años, el doble de lo que según la ley debería durar un proceso de concurso de acreedores en total. Ayer, al diferir la resolución del pedido de suspensión, volvieron a manejar los tiempos como le viene mejor a Macri. Días antes, ante un pedido de la fiscal de filmar la audiencia, dijeron que no, que bastaba con que se firmara un acta.

En 2001, cuando el Correo entró en convocatoria de acreedores, tenía una deuda por el pago de canon de 296 millones de pesos/dólares. En las ocasiones en que, a partir de entonces, la firma hizo propuestas de pago, el Estado las rechazó por inconvenientes. En 2003 el juez Favier Dubois decretó la quiebra, pero la Cámara revirtió esa situación, y nunca se volvió a declarar la quiebra a pesar de que la situación no se resolvía. El año pasado, en la audiencia de junio, de pronto el representante estatal enviado por el Gobierno de Macri cambió la tónica, y sin oponer grandes obstáculos, terminó por aceptar un plan de pago hasta 2033, en 15 cuotas anuales que comenzarían en 2018 y con un interés del 7 por ciento. Además de denunciar la pérdida que eso implicaba, y que equiparó casi a una condonación total del o adeudado, Boquín dijo que el Correo había actuado de mala fe ya que quince días antes de la audiencia por la deuda impulsó una nueva demanda por daños y perjuicios contra el Estado por falta de pago de supuestas inversiones (y antes había iniciado otras dos), y unos días después ajustó el monto del dinero reclamado.

El Estado, con el eslogan de vuelta a “foja cero”, se presentó para pedir que se desactiven las demandas por daño, pero el Correo le dijo que no, como era cantado. La audiencia para revisar el acuerdo por la deuda, había sido pedida por el propio estado que ahora planteó suspenderla.  El resultado, que siga pasando el tiempo, es funcional a las necesidades de la empresa, que está en manos de los hermanos e hijos de Macri y que Franco Macri usufructúa de por vida. (Página 12)