“La gente se preocupa y se alarma solo cuando aparece una joven trans muerta, pero en lo cotidiano existen muchas otras cuestiones que la sociedad prefiere ignorar”, expresó Gustavo Díaz Fernández, miembro de la Biblioteca Crisálida, en el marco de un impresionante informe realizado por Chipi Merino y Ania Martínez para el programa Primera Fuente Radio de Radio Prensa, en donde se reveló la dura realidad en la que vive el colectivo LGTBI y se puso de manifiesto la falta de conciencia y de solidaridad que como sociedad tenemos hacia estas comunidades.
Además de Fernández, referentes y defensores de los derechos de lesbianas, gais, transgéneros, bisexuales e intersexuales, relataron crudo y sin censura los motivos por los que cuales muere una joven trans cada semana, la violencia a la cual están expuestas y él por qué la prostitución se convirtió lamentablemente en la salida laboral- muchas veces la única- más común.
“Hay muchas cuestiones que se naturalizaron entre la comunidad trans, como es el caso de la prostitución. Se ha naturalizado esta situación como perteneciente a esta comunidad, lo que genera también que se den todo tipo de situaciones de violencia y de muerte. A las trans no les queda otra opción, son discriminados al buscar trabajo y eso en cierto punto los obliga a inclinarse por la prostitución. Esto en último término conlleva una vida muy dura y a una muerte muy prematura”, sostuvo Díaz Fernández.
Así como prostituirse se volvió una práctica habitual para ellas, en la mayoría de los casos no por decisión personal sino por cuestiones de supervivencia, también naturalizaron la violencia como parte de su vida, mayormente ligada al ambiente laboral en el cual se mueven. “La violencia está tan naturalizada que cuando uno habla con ellas te lo cuentan como una situación hasta romántica. Sus mismas denuncias en la policía van por este camino. Relatan un caso de violencia como si fuera una historia de Cris Morena y esto hace que no siempre se contemple la gravedad de lo que padecen”, explicó.
La violencia y la discriminación comienzan en casa
“La lucha contra el patriarcado es una lucha que debe darse desde muchos ámbitos y que debe empezar desde la niñez”, sostiene el Dr. Augusto Moykens, miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad, quien advirtió con preocupación que la problemática empieza desde edad temprana en el ámbito familiar, una situación que ni la escuela ni el Estado logra –tampoco lo intenta demasiado- revertir.
“El trato digno dentro de las familias no está garantizado. Cuando una persona comienza a manifestar su identidad trans es la misma familia la que discrimina y le imparte violencia. Lo mismo ocurre en las instituciones educativas. Ninguna está capacitada para cobijar a las comunidades LGTBI. En estos ambientes también se reproduce la discriminación machista, la marginalidad y en algunos casos también la violencia. Es un problema cultural arraigado en la estructura misma de la sociedad”, sostuvo.
No es casual entonces que la mayoría de los jóvenes trans abandonen o sean expulsados de sus hogares cuando sólo tienen entre 10 y 11 años. Tampoco es casual que menos del 30% finalice con éxito la escuela primaria. Muchos colegios siguen enseñando, bajo la excusa de una moral particular, el odio o la conmiseración hacia las personas que viven una identidad, una orientación o una expresión de género no acorde a la heteronorma.
En este sentido, para Moykens la Iglesia juega un rol preponderante “imponiendo rasgos de moralidad y familia que va en contra de que las personas tengan derecho de moldear su vida según sus propios deseos sin ningún condicionamiento desde afuera, y el Estado hace agua a la hora de intentar lograr un cambio que haga la diferencia”.
La falta de acceso al empleo formal las condena a la prostitución
Esta es una de las mayores y más importantes demandas de la comunidad trans, travesti, transexual, transgéneros de Argentina (TTT). Si bien se conocen algunas experiencias aisladas en el sector público, no hay hasta el momento una oferta laboral significativa para el sector. En este marco, es necesario insistir con una ley de cupo laboral trans que les garantice un derecho tan básico como el del acceso a un trabajo digno.
“El cambio cultural es algo que se va a ir dando de a poco y nosotras ya no podemos esperar. No queremos seguir siendo un número más en los casos de femicidios o travesticidios en el país. Estamos totalmente vulneradas y desprotegidas. Necesitamos soluciones desde ayer. Una persona trans de 30 años que no cuenta ni con educación ni con un trabajo digno no tiene muchas opciones. Necesitamos trabajar dignamente para no morirnos antes de los 40”, subrayó Marcia Albornoz de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA).
El punto de partida en el marco legal para las comunidades TTT fue la sanción en 2012 de la ley de identidad de género, que permite a cada persona ejercer el derecho al libre desarrollo personal, contemplando también el acceso a un trabajo digno y la atención correcta en cualquier hospital o centro de salud. Pero como se sabe, de la teoría a la práctica siempre hay un largo trecho. Hay un enorme conjunto de leyes sancionadas en esta última década que está esperando su realización, exigiendo un cambio social. Leyes que están más avanzadas de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar, y esto genera que una gran cantidad de derechos sean relegados en las provincias respecto a mujeres y varones trans.
“Para nosotras la democracia nos llegó en 2012 con la ley de identidad de género. A partir de esa ley comenzamos a existir, y desde allí se sancionaron varias leyes sobre derechos humanos que son ejemplo mundial pero sin embargo a nosotras nos siguen matando, discriminando y marginando. Tenemos una niñez invisible para la sociedad y para el Estado. Es casi automático que se nos expulsa de nuestras familias entre los 10 y 11 años porque la familia tiene impuesto los valores patriarcales de la heteronorma. Los docentes no ayudan en nada tampoco y el sector privado no nos contrata para trabajar porque también se rigen por la misma norma machista”, reforzó Albornoz.
Los crímenes de odio y la mirada esquiva del Estado
Más del 90% de los travestis, transexuales y transgéneros sufren de alguna forma de violencia. Además, en el último año, alrededor de 18 personas del colectivo trans fallecieron a causa de crímenes de odio. Están cifras son un fiel reflejo de la resistencia de algunos sectores en aceptar la diversidad de género. “Nuestras compañeras son brutalmente golpeadas todos los días y la gente sólo se entera cuando sale en los medios que asesinaron a una de nosotras”, sostiene Marcia.
Según describió ante los micrófonos de Radio Prensa, la mayoría de las mujeres o varones trans obligados a ejercer la prostitución deben pagarle a alguien que las regentea para que los proteja. No obstante, ninguna de ellas se salva de ser víctima de algún tipo de violencia. “Lamentablemente son golpeadas y humilladas constantemente y nadie hace nada. Cada tanto sale a la luz uno que otro caso pero luego todo se vuelve a callar”, remarcó.
Esta posibilidad de lucrar con la necesidad de este sector permite además el funcionamiento de redes de trata camufladas, asegura Albornoz. “Esto es todo parte de redes de trata que el Estado no se encarga de erradicar. Hay amos y señores que hacen lo que quieren con nuestras compañeras porque están totalmente desprotegidas”.
Números que duelenSolo en el último año, 18 personas trans fueron asesinadas en el país. ¿La causa principal?, crímenes de odio. Contario a lo que muchos ignoran, la violencia machista no sólo afecta a las mujeres heterosexuales, también se imparte –y se exacerba- en contra de las comunidades LGTBI.
Entre 10 y 11 años, es la edad promedio en la que la mayoría de los jóvenes son echados a la calle por sus propias familias porque no respetan su identidad autopercibida.
El 70% de ellas no termina la escuela primaria y sólo un 20% termina la secundaria. Además, sólo el 30% de las personas que sí logran completar sus estudios consiguen un trabajo formal.
Más del 90% de las travestis, transgéneros y transexuales sufrieron y sufren sistemáticamente algún tipo de violencia.
Las condiciones de vida, las situaciones de vulnerabilidad, de estigmatización y la falta de respuestas del Estado, han llevado a que en toda Latinoamérica la esperanza de vida de una persona trans no supere los 40 años.
