“El amparo apunta a dar marcha atrás con las resoluciones del ministro –José- Aranguren para que se dé marcha atrás con los incrementos de las tarifas de energía eléctrica”, remarcó Santillán en diálogo con Primera Fuente.
Según consta en la presentación, el monto de la tarifa de la luz se incrementó de manera “irracional”, abarcando hasta el 40% del salario de una familia tipo. “Esto hace insostenible la economía familiar”, sostienen. En este marco, exigen que la readecuación de tarifas se realice en un modo escalonado y acorde al ritmo de los incrementos salariales. “Hay incrementos muy altos. Tenemos facturas de una jubilada por ejemplo que hoy cobra $6.700 y que la factura de la luz es de $2700, si a eso le sumamos la inflación de los productos de la canasta básica familiar, se hace insostenible mantener una buena calidad de vida”, detalló Santillán.
El documento plantea además la reorganización de los ajustes tarifarios y la revisión de la quita de subsidios para evitar situaciones como las que desencadenaron varios fallos judiciales durante el 2016, cuando la Justicia ordenó al Gobierno a dar marchar atrás con los incrementos y realizar la readecuación de tarifas de manera más gradual.
Quien se expresó en este sentido fue el titular de Fodecus, José García, quien aclaró que “el 80% de los tucumanos no pueden absorber los incrementos de las tarifas”. “Por eso pedimos la anulación de la resolución 6 y 7 del Ministerio de Energía de la Nación, que estipula una quita progresiva de los subsidios, porque no fue progresiva de ninguna manera”, disparó.
En esta misma línea se expresó Graciela Neme del gremio Amas de Casa. “Somos las que más sabemos del presupuesto familiar y sabemos que no alcanzan los sueldos. Las tarifas de la luz tienen una gran incidencia en la economía familiar y vemos con temor como aumentan todos los meses. Desde hace tiempo sentimos que los trabajadores nos vemos afectados por la política que sigue distribuyendo el ingreso a favor de unos pocos”, sentenció.
