Consultado al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Dr. Daniel Posse, si bien lo consideró como algo positivo, dejo en claro que “estamos muy lejos de lo que sería una estructura óptima de Justicia”. “Tenemos que tener un fiscal cada 20 mil habitantes y hoy tenemos uno cada 100 mil”, subrayó. Y añadió: “las fiscalías tienen que ver con la persecución al delito. Podemos tener fiscalías nuevas, pero lo que necesitamos son muchos más fiscales dispuestos a trabajar. De igual manera hacen falta muchos defensores públicos”.
En este sentido, calificó de “inhumano” que un fiscal deba custodiar más de una fiscalía (Lopéz Ávila, titular de la IV, subroga la XI; la IX es conducida de manera interina por Washington Navarro Dávila, fiscal de la V; y en la X, en lo que va del año se alternaron en esa función María del Carmen Reuter de la III, y Reinoso Cuello de la VI)", por “la falta de presupuesto” y “voluntad política” para aprobar los pliegos para ocupar las unidades fiscales vacantes. “Si queremos tener una justicia que responda a los requerimientos de la sociedad, tenemos que tener una mayor estructura con muchos más fiscales y más defensores públicos”, remarcó.
La ley de Narcomenudeo sigue siendo inaplicable
En el marco de una charla abierta a la comunidad sobre adicciones, que se llevó a cabo ayer en el Palacio de Justicia como parte de las jornadas sobre “Consumo, tenencia y Comercialización de Estupefacientes. Toxicología Forense”, que se desarrolla en la Universidad de San Pablo-T, el presidente de la Corte tucumana se refirió a la polémica ley de Narcomenudeo, que fue sancionada por la Legislatura en marzo del 2014, pero que nunca fue puesta en ejecución por una queja del máximo órgano de justicia.
Tal norma disponía la adhesión de Tucumán a la ley nacional de estupefacientes (número 26.052), en el artículo referido a la provincialización de las causas por venta de droga para el consumo o narcomenudeo, que hasta ahora siguen atendidas solamente por la justicia federal. En aquel entonces, la justicia provincial rechazó su aplicación aduciendo no contar con los recursos ni con la infraestructura necesarios como para perseguir a los dealers de droga.
Consultado sobre como evolucionó la provincia en ese sentido, el presidente de la CSJT aseguró que aún hoy, 3 años desde su sanción, no se está en condiciones de hacerla efectiva. “Si asumimos esta decisión, tenemos que garantizar las estructuras para poner en funcionamiento la ley. La idea que tenemos es que primero tenemos que generar todas las estructuras para avanzar sobre este tema, sino le estaríamos mintiendo a la sociedad. Y para generar estructuras serias para combatir este delito, hacen falta recursos, dinero y voluntad política”, sentenció.
