Este lunes, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictará la sentencia luego de casi un año de debate oral y público en el que se juzgaron a 16 personas integrantes del denominado Clan Ale, acusadas por lavado de activos, asociación ilícita y narcotráfico.

Durante la etapa de alegatos, las querellas de UIF y AFIP, y el Ministerio Público Fiscal pidieron penas para todos los imputados. El fiscal general subrogante ante el TOF, Pablo Camuña, y el fiscal ad-hoc Agustín Chit, en representación del Ministerio Público Fiscal,  solicitaron condenas de hasta 13 años de prisión para los integrantes del  “Clan Ale” por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen ilícito y comercio de estupefacientes. 

El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, brindó su colaboración durante el alegato.

Los representantes del MPF requirieron las penas más altas para Rubén y Adolfo Ale, a quienes encontraron como jefes de la asociación ilícita; respecto de María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo, los hallaron como miembros de la asociación y pidieron que se le impongan penas de entre 4 y 10 años de prisión.

Todos ellos fueron acusados también por el delito de lavado de activos. A su vez, Carlos Rolando Ocampos, César Marcelo Manca y Sergio Francisco Parrado fueron acusados sólo como miembros de la asociación ilícita: las penas requeridas para ellos fueron de 7, 6 y 3 años de prisión, respectivamente. La Fiscalía encontró acreditado que Enrique Lorenzo Chanampa fue también miembro de la asociación ilícita y responsable del comercio de estupefacientes: para él solicitaron 4 años y seis meses.

Otro grupo de imputados está compuesto por Valeria Fernanda Bestan, María Florencia Cuño y Julia Esther Picone. Respecto de las tres mujeres, los fiscales pidieron que se les impongan penas de tres años de prisión por lavado de activos. Finalmente, el petitorio alcanzó a José Augusto Lucero por el delito de comercio de estupefacientes -5 años de prisión fueron los requeridos-  y al policía Hernán Horacio Lazarte por incumplimiento de deberes de funcionario público -2 años de prisión-.

“Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década. De esas actividades obtuvo ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos” había contextualizado Camuña al inicio del alegato, que se produjo tras casi un año de juicio y más de 40 audiencias, durante las que declararon cerca de 80 testigos.

En tanto, los representantes de la UIF pidieron penas de 20 años de prisión para los hermanos Rubén y Angel Ale, y una multa de más de 100 millones de pesos para cada uno de ellos. En cuanto al resto de los 14 imputados, la solicitud de penas varió entre los 5 y los 18 años de prisión.

En el alegato de las defensas, estas solicitaron las absoluciones de sus clientes.