En el marco de una conferencia de prensa que encabezó el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el Gobierno anunció la implementación de un decreto de necesidad y urgencia que busca reducir trámites que deben hacer las empresas para operar en el país y establece nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, presentados con el fin de reducir costos y ganar competitividad.

Acompañado por el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop, Cabrera aseguró que se busca “reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo”.

Cabrera precisó que las nuevas medidas introducen alrededor de 140 modificaciones en leyes o decretos; además de derogar a un total de 19 leyes o decretos.

El funcionario graficó señalando que “no queremos que la gente sea el ’cadete’ del Estado, haciendo trámites innecesarios”.

El DNU aparecerá publicado este jueves en el Boletín Oficial y agrupa un total de 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.

Según señaló Cabrera, el decreto eliminará normas “antiguas o desactualizadas, que obstaculizan procesos internos de competitividad de la economía y procesos de autorización excesivamente complejos”.

Se preocupó de aclarar también que estas modificaciones no representarán una reducción de personal “en ningún caso”, pero que van a permitir bajar los costos del sector productivo a un punto del producto Interno Bruto, que significan un ahorro de 100.000 millones de pesos en dos años.

Entre otras cosas, el decreto establece que los expedientes digitales pasarán a tener la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Hace obligatorio además el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.

Se autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS a realizar otras operaciones financieras como la creación de fideicomisos financieros y otorgarle “modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras”, señaló Cabrera, que comentó además que entre entre otras medidas se deroga la ley de Abastecimiento de 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria. Esos campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que se encuentran en manos del Ejército pasarán a la tutela de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El DNU elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.

La norma también dispone el cierre del Registro Industrial de la Nación, que se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial debido a que en la actualidad se superpone con otros sectores o dependencias, como la AFIP o el Indec que incluso tienen datos más completos sobre el universo en cuestión.

Se habilita la exportación de hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura o una licencia especial en el caso de obras de autores muertos hace más de cincuenta años, sin necesidad de tener que pedir permiso previo a la Dirección General de Aduana.

Las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse, se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes, permitiendo la presentación de dibujos y fotos digitales; y se podrá resolver sin ir a la Justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.

En cuanto a las licitaciones de obras públicas, con el objetivo de agilizarlas, la norma estipula que los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios en los que se desarrollarán las iniciativas.

Cabrera comentó que “un tercio de las normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria están desactualizadas” y que “son más de 50 normas que se actualizan o derogan porque ya no se aplican”./parlamentario.com