La Corte Suprema de Justicia de Tucumán le fijó plazos al Gobierno para que resuelva la crisis carcelaria que afecta a la provincia, en el marco del habeas corpus colectivo interpuesto por dos fiscales en 2015. Como primera medida, el máximo tribunal ordena la inmediata clausura de los alojamientos de la seccional 11ª y de la Dirección de Investigaciones. Ayer, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, anunció que se reubicaría a los detenidos de esas seccionales en las otras dependencias policiales, en tanto se realicen las refacciones necesarias.

El fallo, además, le otorga un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que habilite la unidad 10 del Servicio Penitenciario, donde, según el plan presentado por Maley, serán alojados los detenidos con prisión preventiva firme de las seccionales 1, 4, 8, 12 y 13. Esta nueva unidad del penal fue terminada de construir en el 2017, pero por no contar con el personal necesario para atenderlo aún no se comenzó a utilizar. En este marco, desde Casa de Gobierno anunciaron que se está avanzando en la capacitación de 110 guardiacárceles.

La Corte también otorgó 72 horas a al Poder Ejecutivo -a partir de la notificación- para informar detalladamente la situación de salud de la totalidad de las personas que están alojadas en las seccionales 1, 4, 8, 12 y 13. En esos lugares, en conjunto, se alojan en total 300 detenidos, cifra que supera largamente las capacidades de alojamiento. Este informe, que será presentado ante la Secretaría Judicial de esta Corte, deberá ser actualizado cada semana a partir de ahora.

Por último, el tribunal instó a las autoridades del Poder Ejecutivo para que elabore un plan integral y único con las necesidades que tendrá la Provincia en material carcelaria hacia el año 2020, que medidas adoptó y adoptará para resolver la permanencia de personas en comisarías, el cronograma de capacitación de guardias penitenciarios, el plan para sanear los pésimas condiciones de higiene, falta de agua y de iluminación del penal, y como se pretende mejorar los servicios médicos. El mismo deberá ser presentado el próximo 27 de marzo.

Cabe recordar que no sólo la Justicia local intervino en la grave crisis carcelaria de la provincia. En  agosto del 2017, la Procuración Penitenciaria de la Nación le presentó un lapidario informe al Ejecutivo con una serie de recomendaciones para solucionar las “graves violaciones a los derechos básicos de las personas” recluidas en el penal de Villa Urquiza. En aquel documento, se constataba la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación, así como también las pésimas condiciones materiales de alojamiento.

Se advertía además que las instalaciones se encuentran totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización. 

En cuanto a las personas que se encuentran presas en las comisarías, cabe recordar que desde el 2015 está vigente un habeas corpus colectivo, interpuesto por los fiscales Diego López Ávila (IVª Nominación) y Adriana Giannonni (VIIIª Nominación) luego de la muerte de dos presos que se encontraban recluidos en la Brigada Norte en Yerba Buena.

Según esa resolución, emitida también por la Corte Suprema de Tucumán, se constataba que en todas las comisarías de la provincia se encuentran recluidos “una cantidad significativamente mayor al número de personas que deberían estar alojadas en las unidades de alojamiento policial”, y en consecuencia “dichas personas se encuentran alojadas en condiciones infrahumanas careciendo de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad de la persona humana que violan y amenazan sus derechos fundamentales reconocidos por nuestra carta magna, las leyes y tratados constitucionalizados”. En ese momento había 700 personas alojadas en comisarías. Hoy son 770.