A 4 años de su sanción, la normativa, que da injerencia al Poder Judicial de Tucumán en causas derivadas de la comisión de delitos de tráfico de sustancias en los barrios, todavía no fue aplicada por la Corte Suprema de Justicia (CSJT), que ya en reiteradas ocasiones se reconoció incapaz de ejecutarla, y por ahora, la investigación de este tipo de delitos sigue estando exclusivamente bajo la órbita de la Justicia Federal.
Recientemente el tema volvió a la agenda pública, luego de que el presidente de la CSJT, Daniel Posse, admitiera que aún no están dadas las condiciones para avanzar con la puesta en marcha de la ley, por no contar con los recursos necesarios para tal fin. De inmediato, el legislador Marcelo Caponio salió al cruce del magistrado y le recriminó que “priorice el uso de los recursos”. En la sesión legislativa del martes último, logró que se aprobara una resolución de su autoría para exigir a la Corte que resolviera la medida cautelar que impide desde el año 2015 que el fuero provincial se haga cargo de las causas de narcomenudeo.
Quien había interpuesto la medida cautelar fue el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Hoy, en declaraciones a la prensa, el jefe de los fiscales intentó poner paños fríos y mostró una postura sensiblemente más optimista que en aquel entonces. A su entender, la puesta en vigencia de la normativa es posible pero requerirá tiempo. Para ello, propuso formalizar un gran acuerdo entre todos los poderes de la provincia “para enfrentar los serios problemas de inseguridad que azota a los tucumanos”.
“Nos tenemos que sentar la Corte, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y el legislativo y analizar qué es lo que necesitamos para estar a la altura de lo que la sociedad requiere en cuestiones de seguridad. Una vez que tengamos eso podremos armar un esquema de trabajo”, sostuvo.
Consultado sobre los desafíos que deben afrontar, expresó: “para hacernos cargos de otras obligaciones que son de la Nación, nos hace falta agregar un presupuesto para capacitación, personal y espacio físico”. No obstante, consideró que “no son problemas de difícil solución”. ”Seguro necesitan tiempo, programarse en etapas, pero la voluntad política está y eso nos genera buenas expectativas”, subrayó.
Por otro lado, se mostró preocupado por la “tremenda” situación que se vive en los barrios vulnerables, en donde la proliferación de clanes dedicados a la venta minorista de drogas causa estragos entre los vecinos. “La droga es el principal problema que tiene el país. Hoy ha llegado a límites muy serios. En dos años el narcotráfico ha avanzado de manera acelerada. Lo que está sufriendo la ciudadanía con el narcotráfico y el delito es tremendo. El 80% de las personas que declaran imputadas por un delito manifiestan ser consumidores de droga. Esto es escandaloso, por lo que darle una respuesta contundente tiene que ser una prioridad que tenemos que asumir. No podemos quedarnos impasibles frente a un veneno que nos está afectando a todas la sociedad”.
