La agenda de género no se agotará este año en la legalización del aborto. Mientras el Senado debate la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la Cámara de Diputados se prepara para discutir sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, un tema que podría unir al arco opositor en una propuesta alternativa a la del Gobierno, más amplia y más dura para con las empresas.

El peronista Sergio Ziliotto, que asumió a fines de junio al frente de la Comisión de Legislación del Trabajo en reemplazo del fallecido Alberto Roberti, informó a parlamentario.com que el tema de la equidad salarial será la “prioridad” para la segunda mitad del año. Los proyectos fueron enviados al análisis de asesores y se espera el debate para después del receso invernal.

La discusión girará en torno al proyecto del Poder Ejecutivo, que ingresó al Congreso el 9 de marzo tras ser anunciado por el presidente Mauricio Macri en el Día de la Mujer. Pero lo cierto es que ese texto no satisface a la oposición, que se encolumna en su mayoría detrás de una propuesta de la “dipusindical” Vanesa Siley (Frente para la Victoria-PJ).

“El proyecto del Ejecutivo no tiene penalidades para las empresas que no cumplan. Es un manifiesto de buenas intenciones. Se está trabajando para lograr un dictamen unificado”, dijo Ziliotto a este medio. Hay un tercer proyecto, del legislador del Pro Martín Medina. Todos tienen un segundo giro a la Comisión de Familia y Mujer.

La iniciativa de Siley -acompañada por Carolina Moisés (Justicialista), Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Carla Pitiot (Frente Renovador)- fue elaborada en conjunto con trabajadoras de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal, la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo).

Mujeres de esas organizaciones sindicales se reunirán este viernes en lugar a definir -sede de Camioneros o ATE Capital- para reimpulsar el tema y ajustar detalles de una conferencia de prensa que tendrá lugar el jueves 16 de agosto en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.

Diagnósticos diferentes

El proyecto oficial modifica numerosos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que data de 1976. Establece que “queda garantizada la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral” y agrega: “Los trabajadores cualquiera sea su género tendrán iguales derechos en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo o evolución en la carrera dentro de la empresa”.

También indica que “los contratos individuales, las convenciones colectivas de trabajo y las reglamentaciones autorizadas no podrán establecer ningún tipo de discriminación en el empleo, fundada en el género o en el estado civil de quienes trabajan”.

Para Siley, el Gobierno se queda corto con la definición de brecha salarial, porque omite otros dos factores: la segregación horizontal, que tiene que ver con el ingreso de las mujeres al mercado laboral; y la segregación vertical, conocida como “techo de cristal”, referida al poco tiempo del que disponen las mujeres para concursar y acceder a cargos de mayor jerarquía, por estar dedicadas a tareas de cuidado de niños y ancianos.

 “Por eso proponemos modificar el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecer un principio general de igualdad, que parte no solamente de la base de igual remuneración por igual tarea, sino también del igual acceso al mercado de trabajo e igual derecho a la carrera en el trabajo”, explicó Siley a parlamentario.com.

Para las empresas que incumplan con este principio, la legisladora sugiere una sanción equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles en todos los casos, aunque podría evaluarse un gradualismo para las pymes. Todo dependerá de las negociaciones, pero hay una coincidencia básica en la oposición: no consentirán que la ley no contemple ningún castigo.

 “El Gobierno solamente repite el artículo 14 bis y no sólo no pone ninguna sanción, sino que además, ¿para qué repite en una ley algo que ya está contemplado en una norma superior, que es la Constitución? Las leyes deben ser para hacer operativa la Constitución, sino no sirve de nada”, advirtió Siley, secretaria general de FESITRAJU y del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad.

Otro de los puntos principales de la iniciativa de Macri es que amplía de 2 a 15 días corridos la licencia para hombres y mujeres en caso de nacimiento o adopción de un hijo. Ese plazo podría extenderse por 10 días. Para la madre gestante se mantienen los plazos actuales -prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo, o sea, 90 en total-.

Los plazos que propone Siley son notablemente mayores. Pretende otorgarle a la gestante 120 días -30 anteriores al parto y 90 luego del mismo-, y a la otra persona progenitora, 30 días posteriores al nacimiento del hijo, en lugar de los 15 que quiere el Ejecutivo.

En su texto, la diputada habla de licencias especiales “y de cuidados”. “En las entrevistas de trabajo, las preguntas para las mujeres suelen ser si tiene hijos, si piensa tenerlos o si está embarazada. De ahí el espíritu de las licencias por cuidados -por ejemplo, de un familiar enfermo- que sean gozadas por varones y mujeres por igual”, indicó la kirchnerista.

Entre las nuevas licencias que están en discusión figura una por sometimiento a técnicas de reproducción asistida, de cinco días al año. “Ese plazo es un absurdo, es una tomada de pelo. Los métodos de fertilización asistida son tratamientos larguísimos, que suelen fracasar en los primeros intentos. En este caso tiene que haber una prescripción médica para contar los días”, consideró Siley. El mismo parámetro aplicaría para el caso de violencia de género -el proyecto del Ejecutivo fija 10 días corridos-.

Pero lo que más preocupa a la diputada es una nueva licencia que el Gobierno quiere implementar y que consiste en 30 días corridos “por razones particulares planificadas” sin goce de haberes. “El año salarial son 13 meses, porque existe el aguinaldo. Si a ese año le sacamos un mes sin goce de haberes podría perderse el aguinaldo. Esa licencia es el fin del aguinaldo. Los patrones van a obligar a los trabajadores a tomarse ese mes, donde se cortan las cargas sociales y la jubilación”, alertó Siley. (Por Carolina Ramos/parlamentario.com)