Con esta caracterización del asunto, un Estado debe definir sus acciones en materia de políticas públicas para la resolución del mismo (prevención, diagnóstico, vigilancia y tratamiento).
Es reconocido que el aborto es un grave problema de salud pública. En cuanto a su magnitud, tomando como fuente la información publicada por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), las muertes por aborto en la Argentina son la primera causa individual de muerte materna, que solo en el año 2016 fue de 43 mujeres. Este dato puede encontrarse segado ya que se nutre de la información que surge en gran parte de los certificados de defunción, donde lxs medicxs constituyen un componente fundamental en el correcto o incorrecto llenado de los mismos. Afinando el análisis de los datos en su contexto, probablemente al desagregar otras causas de muerte, las complicaciones del aborto en condiciones inseguras ensancharían este trágico número (hemorragias posparto, sepsis y las causas de muerte no especificadas). Queda claramente en evidencia que la responsabilidad en la calidad de los datos para poder cuantificar el problema se encuentra principalmente en los generadores de los mismos; sin embargo con la información disponible se puede reconocer la magnitud objetiva del problema de la mortalidad materna en nuestro país.
En cuanto a la vulnerabilidad, evidentemente las mujeres se encuentran en situación de riesgo por el solo hecho de serlo, esto se agrava cuando las que deciden abortar son mujeres adolescentes, sin cobertura de seguridad social (solo la brindada por el sistema de atención público) y con necesidades básicas insatisfechas.
Las investigaciones desarrolladas en América Latina revelan que una proporción considerable de jóvenes sabe poco o nada sobre sexualidad y reproducción; a la vez que la profundización de las inequidades sociales acentúa aún más el acceso desigual a recursos materiales y simbólicos necesarios para la apropiación y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la construcción de ciudadanía en general (Weller, 2000; Gogna, 1996 y 2005; Calazans, 2000; Stern y Medina, 2000; Stern y García, 2001; Pantelides, 2004; Paiva et al., 2004).La trascendencia del problema del aborto y del aborto en situación de ilegalidad está dada por las probables consecuencias a niveles biológicos, sociales y psicológicos de quienes toman la decisión de realizarlo: complicaciones biológicas, producto de abortos inseguros realizados en la clandestinidad (desde discapacidades de por vida, hasta la muerte), estigmatización de quien solicita la asistencia sanitaria post aborto, ausencia de contención del sector salud y la penalización del mismo. La penalización no puede ni debe ser la respuesta que la salud publica imparte para resolver un problema sanitario y demostrado está que la misma no disminuye el número de abortos y que, por el contrario, la legalización ( con todas las acciones que habilita la misma) sí logra descender la mortalidad por esta causa.
Es por esto que comparto los fundamentos del proyecto de ley en donde se expresa que ...el Estado debe garantizar un acceso real y equitativo al derecho a la salud para todas las mujeres sin permitir que se generen diferencias según el nivel socioeconómico, de etnia, valores culturales y religiosos, ni edad. De la mano de otras leyes vigentes, como las que aprobaron los programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, fertilización asistida, y de la implementación de políticas de salud reproductiva podemos avanzar mucho en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, respetuosa de los derechos de la mujer”. (Fundamentos del proyecto de ley de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito”, que se discute este año en el Congreso Nacional)
Andrea Lascano médica
generalista. Mp8042 (Red de Profesionales de la Salud por la Vida y el Aborto Legal).
