Finalmente, los reclamos de las comunidades originarias de la provincia y las organizaciones concentradas en la Mesa de Apoyo a la causa Justicia por Chocobar fueron escuchados. La Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán inicia hoy el juicio que buscará determinar la responsabilidad del terrateniente Darío Amin y los policias Humbeto Gómez y José Valdivieso en el asesinato del comunero Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre del 2009. El debate oral fue previsto para este martes 28 de agosto, a las 9; y tendrá lugar en el nuevo edificio del fuero penal del Poder Judicial de Tucumán, en calle España 430.

Debieron pasar  8 años y 10 meses desde aquel trágico día, para que la familia Chocobar y la comunidad de Chuschagasta, pueblo indigena radicada en la zona de Trancas, comiencen a ver la luz al final de un larguísimo túnel. La investigación que culminó con la citación a juicio en octubre del 2014, demandó alrededor de 5 años. A partir de allí, pasaron casi 4 años más para que el tribunal definiera el día y la hora del inicio del debate, a pesar de que hace casi un año ya se habían rechazado todos los planteos de nulidad presentados por las defensas de los imputados.

El juicio estará a cargo de los jueces Wendy Kassar, Emilio Paez de la Torre y Néstor Rafael Macoritto, quienes deberán decidir sobre los delitos que se les imputan a Darío Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso, por homicidio calificado de Javier Chocobar, homicidio calificado en grado de tentativa de Andrés y Emilio Mamaní, y portación ilegal de armas de fuego.

De la instrucción se desprendió que Javier Chocobar y Andrés Mamaní habrían sido víctimas de un ataque realizado por Amín junto a los ex policías Humberto "el niño” Gómez (vinculado al comando parapolicial Atila del malevo Ferreyra) y José Valdivieso. Según detalló el fiscal, los imputados habrían llegado al lugar -que Amín reclama que sería propiedad de su familia- e hicieron disparos de armas de fuego contra la gente que defendía su territorio en forma pacífica.

El caso Chocobar es uno de los más paradigmáticos hechos de violencia hacia las comunidades indígenas en Argentina, por la gravedad de lo acontecido y por la demora de la justicia tucumana en dar respuestas a las comunidades, aún cuando son múltiples las pruebas aportadas por las partes, incluyendo hasta registros fílmicos de lo ocurrido.