El Gobierno volvió a la carga y dio nuevos pasos para avanzar en su plan para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. Fue el último viernes, a través de la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar destrabar la reforma a la ley aprobada por el Congreso en 2016 y cuyo impacto la Justicia limitó a los magistrados, funcionarios y empleados que ingresaron a carrera desde el 1 de enero de 2017, dejando fuera de su alcance a la gran mayoría de los 20.300 integrantes del personal judicial.

La queja del Ministerio de Justicia fue girada a la Corte luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el lunes de la semana pasada un recurso extraordinario presentado por las autoridades, según el expediente de la causa al que accedió iProfesional.

Con este revés, el máximo Tribunal sería la última carta del titular de la cartera judicial, Germán Garavano, para frenar el conflicto abierto en noviembre del año pasado, cuando un fallo de primera instancia interpretó que solo los nuevos funcionarios designados en sus cargos desde 2017 deben pagar Ganancias, “excepto que hubieran ingresado a ellos con anterioridad”.

El juez en lo Contencioso Esteban Furnari le dio la razón así a la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Jueces (AMJFN), que resiste la aplicación de la ley. La reforma del gravamen impulsada por el oficialismo incorporó a la cuarta categoría a los “nombramientos” a partir del año pasado de los agentes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación, de las provincias y la Ciudad. Pero en marzo pasado, la Cámara ratificó el criterio sostenido por Furnari a favor del gremio de jueces encabezado por María Gómez Alonso de Díaz de Cordero.

Esto significa que un secretario con antecedentes en la función pública que ahora fuera nombrado juez no debe pagar el tributo, pero sí un abogado proveniente del sector privado que accede a ese cargo, por carecer de carrera pública.

En la cartera de Garavano sostienen que todos los jueces deberían pagar el tributo, sin importar si forman parte o no de la administración judicial. Y que no deberían tener un régimen diferenciado del de sus pares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son alcanzados por el tributo.

La batalla tiene lugar en medio de las medidas del Gobierno para aumentar la recaudación de Ganancias sobre la cuarta categoría, mediante la reducción de las deducciones, y disminuir las asignaciones familiares.

Ahora, la Corte podría tardar meses y hasta un año en tratar el expediente, que mantiene congelada la reglamentación de la reforma a la ley desde mayo del año pasado. Por el conflicto, Macri se abstuvo de publicar el decreto. El órgano supremo, sin embargo, ya se pronunció a favor de los jueces al señalar en un informe publicado por el Centro de Información Judicial que “queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto”, y que, en cambio, “quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.

Así las cosas, los magistrados se mantienen al margen de un impuesto que en diciembre de 2017 alcanzó al récord de 2,2 millones de trabajadores, según reconoció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su última presentación ante el Congreso.

Macri había prometido durante su campaña que iba a reducir el impacto del impuesto sobre los asalariados. Pero desde 2012 la base de contribuyentes se expandió impulsada por el aumento de los salarios y la suba del mínimo no imponible por detrás de la inflación. De esa forma, hoy el trabajador soltero y sin hijos es alcanzado a partir de un salario neto de $29.855, mientras que el casado con dos hijos de hasta 18 años, desde los $39.495.

En los dos casos, se trata de ingresos bien alejados de aquellos que perciben los jueces, que pueden alcanzar los $200.000. Mientras tanto, en el Gobierno aseguran que el perjuicio fiscal por no aplicar Ganancias a los jueces es “simbólico”.

Según un cálculo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la AFIP dejará de recaudar este año $6.991 millones por la exención a los magistrados. En 2016 y 2017, el Estado había dejado de recaudar $4.607 y $5.759 millones, en cada caso. Pero en el equipo de Garavano minimizan el bache de ingresos y estiman que sería la mitad del número proyectado por ACIJ./iprofesional.com