La Legislatura prorrogó hasta el 2020 la norma de excepción en materia de Violencia de Género. Lo hizo sobre tablas durante la maratónica sesión del 30 de noviembre pasado, pero su tratamiento pasó tan desapercibido que las organizaciones feministas recién se enteraron hoy. De hecho, una de las consignas de la marcha del pasado miércoles -cuyo estandarte fue el caso de Lucía Perez-, fue justamente el pedido de renovación de la normativa.

De todas maneras, desde el colectivo de mujeres tomaron con beneplácito la decisión de la cámara legislativa, aunque no olvidan que a casi dos años de su sanción la normativa aún carece de presupuesto. "Esperemos que esta vez no se quede en una cuestión meramente declamatoria y que esta vez trabajen en serio", remarcaron desde la Casa de las Mujeres Norma Nassif.

"Ahora que Manzur implemente la ley con presupuesto, refugios para mujeres víctimas de violencia y un sistema institucional que facilite el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia", expresaron en un comunicado. "Este es un logro de la lucha de las mujeres, de miles y miles en las calles exigiendo al gobierno provincial que haga lo que le corresponde".

La Ley de Emergencia en Violencia de Género, sancionada el 21 de diciembre de 2016, y que se extenderá hasta el 2020, pretende ser un instrumento para “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”.

El texto de la ley 8.981 establece “como política prioritaria para el Estado provincial” la concreción de ocho objetivos:  el diseño y ejecución de acciones y programas específicos; la celebración de convenios con la Nación; la creación de espacios físicos transitorios para la contención y atención de víctimas; reforzar el funcionamiento del sistema judicial con competencia en la problemática; fortalecer la tarea de las ONG y de asociaciones intermedias; implementar el Registro Único de Denuncias para la elaboración de estadísticas; y brindar capacitación en las comunas rurales.

De los ocho objetivos propuestos en la normativa, uno de los más reclamados por el colectivo de mujeres es la construcción de refugios para quienes sufren de violencia doméstica, situación en la que ocurren la mayor cantidad de femicidos (más del 60%). Al día de la fecha, la Provincia no inauguró ni uno sólo de estos espacios. 

Por otro lado, se reclama al Estado que brinde herramientas que posibiliten la independencia económica de las mujeres que sufren de violencia doméstica, una condición necesaria para que puedan abandonar el hogar que comparten con su agresor. En este sentido, exigen la entrega de subsidios estatales y la creación de instancias de capacitación que permitan la inserción de las mujeres en el mercado laboral.

No menos importante es el reclamo contra la falta de acceso a la Justicia, una cuestión fundamental a resolver si se quiere avanzar en materia de prevención. Según denunciaron, en muchas ocasiones las denuncias por violencia de género terminan cayendo en saco roto por la falta de reacción y/o de recusos de los órganos de Justicia que deberían resolver estas cuestiones. En otros casos, es la indiferencia de quienes deben captar esas denuncias lo que obstaculiza el proceso.