La Ctera denunció que el Operativo Enseñar, con el que el
Gobierno midió la preparación de los futuros docentes –quienes están por
egresar de los profesorados e institutos de formación–, no puede considerarse
representativo ni confiable. Aunque presentada como una evaluación de calidad
educativa nacional, hubo provincias que hicieron censos, otras que en cambio
hicieron muestras y en varios distritos gobernados por Cambiemos las
autoridades eligieron unilateralmente qué lugares evaluar. El Ministerio de
Educación escondió, por otra parte, el bajo índice de participación de los
estudiantes, que rechazaron masivamente el Operativo, implementado en medio de
una tremenda ofensiva para cerrar profesorados e institutos de formación
públicos y gratuitos: el porcentaje de participación fue de apenas el 24 por
ciento de la media de egresados.
Los resultados de los exámenes fueron difundidos por el
Ministerio de Educación a fines de diciembre, en momentos en el que el Gobierno
apretó el acelerador en su modelo de ajuste de la educación pública. Por
ejemplo, aprobó la creación de la UniCaba en la Ciudad de Buenos Aires,
poniendo en riesgo la continuidad de los 29 institutos públicos de formación
docente, proyecto resistido por la comunidad educativa, que fue reprimida en su
protesta.
El paso siguiente fue obtener el aval para la creación de
una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación
Docente (Coneafod). La votación en el Consejo Federal de Educación –que reúne a
todos los ministros del país– fue dividida. A pesar de que la legislación
garantiza el derecho de los sindicatos docentes a participar en estas
discusiones, los gremios fueron dejados fuera del proceso, por lo que el día de
la votación Ctera organizó una clase pública en la puerta del Palacio Sarmiento
en defensa de los institutos de formación docente. Adentro del Consejo, seis
provincias se opusieron al proyecto (Santa Fe, Formosa, Chubut, Santa Cruz, La
Rioja y Tucumán) y cuatro estuvieron ausentes (San Luis La Pampa, Salta y
Neuquén).
Fue en este marco que el Gobierno difundió los resultados
del Operativo Enseñar. Clarín tituló: “Afirman que el 40 por ciento de los
nuevos docentes tienen dificultades en lectura y escritura”, aunque en la nota
aclaraba que la muestra “no” podía ser considerada representativa.
El Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte
(Ctera) hizo un análisis del Operativo Enseñar. En él encontró que se basó en
muestras dispares: en algunas provincias se hizo un censo, pero en otras la
muestra fue aleatoria, “con la llamativa particularidad de que en provincias
oficialistas (CABA, Buenos Aires, Córdoba), la muestra fue intencional, o sea
que la jurisdicción propuso los institutos que iban a ser evaluados”. Por eso
la muestra no puede ser considerada representativa. “Del total país (1344
institutos que brindan formación docente), sólo participaron 464 Institutos, es
decir sólo el 35 por ciento.
Además, sus conclusiones escondieron la baja participación:
hicieron la evaluación 11.941 estudiantes del último año, apenas el 24 por
ciento de los estudiantes que egresan. Esta baja participación dio cuenta de la
escasa legitimidad que tuvo el Operativo como herramienta de evaluación
diagnóstica. “Por ejemplo, en CABA la participación de estudiantes de
institutos de gestión estatal fue tan solo del 25 por ciento”. Río Negro fue
otra provincia donde sólo un cuarto de los futuros docentes hicieron la prueba.
En Neuquén la provincia directamente no la pudo hacer. En Mendoza, el
ministerio aseguró que participaron todas las instituciones (ya que se realizó
un censo), pero los estudiantes participantes fueron 656. “Este valor
representa sólo el 31 por ciento del total de egresados de la formación
docente”.
Otro cuestionamiento a la medición, común a todas las
evaluaciones diseñadas por el macrismo, es su carácter normativo. Se utiliza el
esquema que caracterizó a los ‘90, que considera el rendimiento de los alumnos
en comparación con sus pares o con una escala, abandonando “la evaluación
criterial que la reemplazó a partir de 2005, que observaba el avance del alumno
hacia el objetivo propuesto y el diagnóstico de las dificultades, conceptos que
remiten en mayor medida a los fundamentos de la evaluación educativa”.
El informe de la Ctera, realizado por Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Duhalde, se pregunta sobre “la validez y confiabilidad de estos datos que son presentados de manera sesgada y que están atados a la conformación de un universo no representativo”. Para los autores no hubo intención de saber, sino una “clara voluntad de desprestigiar a la docencia, establecer rankings de escuelas e institutos y así justificar el ajuste y la mercantilización de la educación pública”./Fuente:Página12