En este marco, desde el partido Unidad Ciudadana preparan un escrito en respaldo a Gijena y Ousset y para condenar la denuncia que cayó en manos de la fiscal Adriana Gianonni, quien, según autoridades del Ministerio de Salud, había intentado impedir la ILE. “Le salvaron la vida a esa nena de 11 años. Es muy injusto por lo que están pasando, pero ellos tienen todo el respaldo de nuestro espacio y por supuesto de un sinfín de organizaciones que luchan por la implementación efectivo del protocolo ILE”, comentó en diálogo con Primera fuente, la diputada nacional por Buenos Aires, Mónica Macha.
La legisladora bonaerense visitó esta semana Tucumán para participar de una mesa panel sobre la ILE, que se llevó a cabo este lunes por la noche en la sede del Sindicato de Amas de Casa. Bajo el lema: “Niñas no Madres”, la diputada de Unidad Ciudadana debatió junto a la secretaria General del Sitraju, Mariete Urueña, la legisladora Silvia Rojkés y el diputado tucumano Marcelo Santillán, sobre el caso de Lucía y la necesidad de exigir al Estado que garantice el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto en ciertas situaciones.
“En un marco de un público muy nutrido, con mucha necesidad de reflexión, y más allá de nuestra diferentes posiciones, todas coincidimos en la situación injusta que vivió Lucía y que va a seguir viviendo, porque esta experiencia tan traumática deja una marca de por vida”, consideró Macha.
Para la parlamentaria, la responsabilidad de lo acontecido recae sobre las autoridades del Gobierno de la provincia y no sobre los galenos. “Con Lucía se cumplían todos los parámetros que estipula el artículo 86 del Código Penal, por lo que la denuncia contra los médicos Gijena y Ousset no tiene asidero legal. Ellos actuaron bajo el marco de la ley. Es una aberración y una injusticia que los hayan denunciado. Estos médicos hicieron lo único posible que podían hacer para proteger a la nena. Ellos le salvaron la vida a una nena que no tiene el cuerpo ni la psiquis para hacer frente a un embarazo y un parto”, agregó.
En este sentido, apuntó contra la Ministra de Salud, Rossana Chahla, por la demora en respetar el deseo de la menor de no continuar con el embarazo. “Todo lo que sucedió fue responsabilidad de la Provincia. Ya que si bien, la ILE contempla la posibilidad que los médicos sean objetores de conciencia, el Estado debe garantizar que haya profesionales que no lo sean. Aquí hay una responsabilidad insoslayable”, sentenció.
