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La APT expresó su apoyo a los médicos del caso Lucía

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En un comunicado, el gremio de trabajadores de prensa respaldó el accionar de los doctores José Gijena y Cecilia Ousset, quienes a través de una cesárea le salvaron la vida a la nena de 11 años que había quedado embarazada producto de una violación.
El caso de Lucía, la niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación y a la cual el Estado le negó durante un mes su derecho a practicarse un aborto, sigue generando polémica y reacciones de todos los sectores. Tras la denuncia que este lunes realizaron un grupo de médicos “antiabortistas” en contra de José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que le hicieron una cesárea a la nena, atendiendo su pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) manifestó su total apoyo a los galenos y rechazó de manera enérgica la presentación penal en contra de los ginecólogos.

“La Asociación de Prensa de Tucumán expresa su apoyo y adhesión a los médicos Cecilia Ousset y José Gijena, que intervinieron en la interrupción de embarazo a la niña de 11 años violada y en riesgo de muerte por la obstaculización de sus derechos que sufrió de parte del Estado provincial”, expresaron a través de un comunicado.

En el escrito la APT también reclama que “la atención pública de la salud se adecue a las leyes en vigencia en la materia, dado que lo contrario significa una grave transgresión contra los derechos de las personas”.

Acá el texto completo del comunicado:

La Asociación de Prensa de Tucumán expresa su apoyo y adhesión a los médicos Cecilia Ousset y José Gijena, que intervinieron en la interrupción de embarazo a la niña de 11 años violada y en riesgo de muerte por la obstaculización de sus derechos que sufrió de parte del Estado provincial.

Reclamamos que la atención pública de la salud se adecue a las leyes en vigencia en la materia, dado que lo contrario significa una grave transgresión contra los derechos de las personas.

Repudiamos la persecución que sufren Ousset y Gijena por parte de personas y organizaciones antiderechos, como así también la política represora y retrógrada de los poderes del Estado provincial en materia de derechos de la mujer.