El 25 de octubre del 2018, el Tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli condenó a 22 años de prisión a Darío Luis Amín, a 18 años a Luis Humberto Gómez y a 10 años a Eduardo José Valdivieso, por encontrarlos culpables del asesinato de Javier Chocobar y de herir gravemente a Emilio y Andrés Mamaní.

Ese día, junto con la condena, los jueces dictaron una prisión preventiva de un año y seis meses. A días de cumplirse un año desde que se dictó la sentencia, esta aún no quedó firme. Esta situación generó una sensación de incertidumbre en la comunidad originaria los Chuchagasta, pues temen que los asesinos de Chocobar puedan quedar en libertad. Por este motivo solicitaron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Posse, para exigir celeridad en la decisión. “Exigimos que la sentencia quede firme en lo inmediato porque no queremos que los asesinos de mi padre esperen la confirmación en libertad”, sostuvo Audolio Chococar, hijo de Javier Chocobar.

El abogado de la comunidad, Carlos Garmendia, aclaró que la sentencia se encuentra siendo revisada por la CSJT, luego de fuera apelada por las defensas de Amín, Gómez y Valdivieso. Además, sostuvo que los tiempos se extienden porque también “recusaron a jueces y usaron todas las estrategias que tenían a mano para retrasar el proceso”.

En este sentido, el principal temor de los originarios es que los acusados puedan darse a la fuga en caso de quedar libres e incluso tomar represalias contra los comuneros. “Es muy probable que si quedan libres se den a la fuga porque tienen condenas largas y cuentan con los recursos para hacerlo”, sentenció Garmendia.

Javier Chocobar, quien fue autoridad de la comunidad Chuschagasta, fue asesinado el 12 de octubre de 2009, en el marco de un enfrentamiento con Amín, Gómez y Valdivieso. El año pasado, 9 años después del crimen, se condenó a los culpables de su muerte. Ese fallo marcó un precedente jurídico importante, no solo para los Chuschagasta, sino para todas las comunidades originarias, ya que conjuga una nueva herramienta legal para luchar por sus derechos ancestrales. En aquella sentencia quedó acreditado que los terrenos que le vienen disputando a la familia Amín desde 1965 pertenecen a la comunidad y que la muerte de Chocobar se da por defender esas tierras.