Al aire de Radio Prensa, el Dr. Emilio Guanigni, abogado de Andhes, que junto al Dr. Pablo Gargiulo asumieron la defensa de los ginécologos José Gijena y Cecilia Ousset, recordó que “solicitamos la recusación de los funcionarios judiciales por sus posiciones públicas en contra del aborto en general, y también en contra de la ILE, que es un proceso legal y legítimo avalado por las leyes y por la Corte Suprema de Justica de la Nación”.
Gijena y Cecilia, los profesionales de la salud que le garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la niña de 11 años que quedó embarazada producto de la violación por parte de la pareja de su abuela, fueron acusados por Gianonni por presunto homicidio agravado, justamente por salvar la vida de la nena e intentar salvar la de su bebé, que finalmente terminó falleciendo semanas después.
Los galenos habían sido convocados por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante la negación de médicos y médicas del Hospital del Este, donde la niña se encontraba internada desde el 11 de febrero. Ese mismo día, Giannoni envió al nosocomio un oficio advirtiendo a los médicos de la posible comisión de un delito si accedían a interrumpir el embarazo de la niña, desconociendo que el Código Penal establece que en los casos de violación el aborto no es punible. Tampoco respetó el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantiza que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar los abortos considerados legales, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal.
Por sus posición ideológicas “a favor de salvar las 2 vidas”, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Enrique Pedicone, emitió un fallo separando del caso al juez Facundo Maggio y a la fiscal por “temor fundado de falta de objetividad”. El fallo fue recurrido por Gianonni, quien le pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revise la decisión de Pedicone.
La demora en la resolución del planteo que la fiscal realizó en agosto, explicó Guanigni, se debe a que resta que se designe a un quinto juez, que probablemente será del Fuero Penal, para que emita su voto sobre la cuestión, que según se pudo saber se encontraría en un virtual empate (Daniel Posse y Claudia Sbdar por un lago; Daniel Leiva y Antonio Estofán por el otro). La vocal Eleonora Rodríguez Campos se excusó de participar puesto que es cuñada de Maggio.
En el caso de que la Corte sostenga a Gianonni para actuar en la investigación penal, la situación de Gijena y Ousset se tornara muy delicada, puesto que la fiscal desde antes de que intervengan los ginecólogos ya había fijado una posición en contra de la ILE y había intimado a los médicos del hospital de Este y del Siprosa a que no interrumpan el embarazo. “Envió por escrito una nota que va en contra de lo mismo que ella dice cuando solicita que se ´salven las 2 vidas`. Para que los médicos del hospital no realicen la ILE los amenazó con iniciarles una causa penal. Es contradictorio porque además de que está práctica es legal, la vida de la niña estaba en peligro, y es por eso que intervienen Gijena y Ousset. Es un verdadero disparate jurídico la denuncia”, sostuvo Guanigni.
La posibilidad de que su continuidad en la causa derive en un pedido de prisión preventiva es una alternativa que desvela tanto a los médicos como a sus abogados. En este sentido, Guanigni remarcó que “ella desde el minuto uno dejó sentada su parcialidad en este caso. Asimismo, los médicos se pusieron a disposición de la justicia desde el primer momento, con lo cual uno entiende que no hay motivos para que ella avance con una prisión preventiva. Pero no sabemos qué es lo que puede hacer, porque tampoco debería haber intimado a los médicos del hospital del Este para que no practiquen la ILE, así que esperamos cualquier cosa”.
En cuanto al juez Maggio, a pesar de que la causa aún no llegó a sus manos, fue recusado por su “vinculación explícita y reconocida con el Arzobispado de Tucumán”. Como el magistrado no apeló la recusación, quedó confirmada su separación del caso.
Vale recordar que la familia de Lucía y ella misma habían manifestado por escrito que se le practique la ILE, tal y como lo garantiza el Código Penal, que establece como no punibles los abortos en casos donde haya un riesgo potencial a la salud de la persona embarazada y/o en casos de violación. Lucía cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley, motivo por el cual la intervención de Gijena y Ousset se realiza bajo un marco de legalidad. En este sentido, Guanigni explicó que después de realizar un análisis a la niña, deciden que la mejor forma de preservar su salud y garantizar sus derechos era practicarle una micro cesárea. “Su accionar fue correcto y le salvaron la vida a la nena. Lamentablemente no se pudo salvar a su bebé”, agregó.
