Los tucumanos que sufrieron aumentos asfixiantes en las cuotas de los planes de ahorros no encuentran alivio y ahora descargaron su enojo contra el Defensor del Pueblo, Fernando Said Juri Debo, quien hasta aquí había intentando oficiar de intermediario para solucionar el conflicto. Según denunciaron, no se sienten representados por el ombudsman, a quien acusan de difundir información errónea acerca de los avances del litigio que llevan adelante.
Esta situación surge luego de que se diera a conocer un fallo del Juzgado Civil y Comercial N° 7, mediante el cual se hizo lugar -de manera parcial- a un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo contra todas las empresas que comercializan planes de ahorro para la adquisición de vehículos. Según se informó en ese momento, la medida cautelar, que lleva la firma de la jueza Mirta Estela Casares, ordena a las nueve entidades financieras que trabajan con fábricas automotrices a que realicen una rebaja del 20 % de las cuotas.
Sin embargo, los damnificados salieron a explicar que, según la información que manejan, no se trataría de una rebaja sino de un diferimiento, es decir un aplazamiento del pago. Nelson Casanova, vocero del grupo, aclaró que si bien el lunes 21 de octubre se anunció un presunto descuento, “no se trata de una rebaja sino que se traslada el pago para más adelante y con intereses”.
Los damnificados vienen reclamando que “las cuotas son impagables, el precio es ilegítimo, desmesurado e injustificado”. En este sentido, advierten que son dos los problemas que atraviesan: el primero, que el precio de la fábrica no se ajusta a la tasa activa del Banco Nación ni al dólar ni a la inflación; el segundo, es el rol de los concesionarios que “nos prometen cuotas fijas, lo cual finalmente no se cumple. Es información engañosa, porque prometen cuotas de $5 mil y terminamos pagando $15 mil o $16 mil”.
Por esta situación, el Defensor del Pueblo había realizado sendas presentaciones en la Justicia, que resultaron en la cautelar de la jueza Mirta Estela Casares. Sin embargo, los damnificados apuntaron contra el ombudsman porque consideran que la “representación institucional no estuvo a la altura de las circunstancias”. “No nos quiere escuchar nuestras problemáticas. Parece que es amigo de las concesionarias. Estamos en desacuerdo con sus expresiones, donde afirma que los autos están cotizados un 70% en dólares. En ningún contrato de adhesión de ninguna marca se menciona la palabra dólar. Le exigimos que nos indique cual es su fuente porque maneja información errónea”, remarcó Casanova.
