Hasta septiembre la construcción acumulaba 13 meses con caídas interanuales y las expectativas hasta el cierre de año no son para nada alentadoras. En este marco, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) presentó un documento en el que pide que se declare la emergencia económica para el sector y se lance un plan para contener la caída y "normalizar la actividad".

La intención de CAMARCO es presentárselo a Alberto Fernández en los próximos días porque propone una serie de medidas "estructurales y de coyuntura a aplicar en los primeros 200 días del nuevo gobierno para mantener el empleo y la actividad".

La propuesta del sector consiste en que el plan promueva la construcción de 40.000 viviendas mediante convenios con los Institutos Provinciales de Vivienda que motoricen a la construcción, una de las actividades que más mano de obra no calificada moviliza.

“No se trata de una declaración de emergencia constitucional sino que es particularmente del sector, como cuando se declara emergencia por una inundación”, señaló Julio César Crivelli, presidente de la CAC, en un diálogo con la prensa. En ese sentido, remarcó que la medida “podría tomarse por decreto” y apuntó que en caso de accionar en ese sentido “en seis meses podría haber una recuperación de la actividad”.

La idea de la cámara empresaria es construir 40 mil viviendas nuevas, más allá de las que estén en ejecución, para el año 2020, con el objetivo de generar inmediata mano de obra formal y el movimiento en la economía de cada una de las ciudades del interior del país.

El titular de la CAMARCO remarcó que la crisis se inició en abril de 2018, ante la fuerte devaluación y la suba de tasas que volvió prohibitiva la financiación. A partir de ese momento la situación fue empeorando mes a mes y añadió que hoy día “hay un escenario de caotización de los contratos”, pero aclaró que no hay casos de rescisión por el momento.

El Consejo Federal de la CAMARCO propuso en primer lugar hacer foco en la deuda que tiene el Estado Nacional y los gobiernos provinciales con las constructoras. Para ello propusieron calcular la deuda de los contratos vigentes y consolidarla a través de títulos públicos que puedan ser negociados en el mercado. Las dificultades y la demora para cobrar la deuda hace que mes a mes la suba en los precios y el alza del dólar, en un sector en el cual los insumos están directamente vinculados a la evolución de la divisa, terminen afectando en el rendimiento final. “La inflación y las devaluaciones nos afectan mucho porque los costos están en dólares”, explicó Crivelli.

Por otro lado, propusieron que la AFIP “suspenda ejecuciones y embargos” y “permita la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado Nacional”. Además, recomendaron reformular los contratos vigentes mediante un esquema de adhesión optativa, “adecuándolos a las actuales circunstancias”, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.

Para finalizar, recordó que el sector lleva un año y medio de baja consecutiva en el nivel de actividad y que el presupuesto para el año 2020 enviado por el Ejecutivo es de 20 mil millones de pesos. "La verdad que es muy bajo comparado a 2015 que fue de 25 mil millones de pesos teniendo en cuenta la devaluación del peso y la inflación", concluyó.