La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró
como "grave” el decreto que exime de "responsabilidad penal al
personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de
restablecimiento y estabilidad del orden interno".
El documento, que ayer fue publicado por la CIDH, fue
firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino y autoriza a los militares
a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las
manifestaciones.
El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece:
"El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para
el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de
responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones
constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y
proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760
y el Código de Procedimiento Penal".
Mientras tanto, el artículo siguiente señala que los
militares "deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el
Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha
14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que
sean proporcionales al riesgo de los operativos".
El documento, según la organización, "desconoce los
estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la
represión violenta". Además, en su pronunciamiento, la CIDH condenó
cualquier acto administrativo del Gobierno "que atente contra el derecho a
la verdad, la justicia y al derecho internacional". Particularmente, el
organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas
sociales.
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la
obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las
violaciones de derechos humanos", escribió la Comisión en Twitter.
La denuncia llega un día después de que la organización
multilateral condenara el uso desproporcionado de la fuerza en las
manifestaciones que transcurren en Cochabamba y que ocasionaron al menos 5
muertes.
El depuesto presidente Evo Morales también se pronunció al respecto y manifestó que "los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y fuerzas armadas". Morales considera que el documento es "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".