“No hay otra forma de definirlo, fue represión”. Para el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, los sucesos del fin de semana en Sacaba, que dejaron como saldo 9 muertes y cientos de heridos, fueron consecuencia de una “brutal represión” policial y militar. De esta manera rechazó las versiones de los medios de comunicación bolivianos e internacionales y se distanció del gobierno de facto que preside Jeanine Áñez, para quienes la denominada “masacre de Cochabamba” fueron “enfrentamientos” entre dos facciones. Desde el gabinete nacional incluso deslizaron que las muertes podrían haber sido provocadas por los mismo manifestantes.
Cox rechazó rotundamente esta afirmación y reclamó “el pronto esclarecimiento de estos acontecimientos irregulares y deplorables”. “No puede ser que en un Estado de Derecho, en el que habíamos construido mucho en materia de Derechos Humanos, volvamos a registrar páginas nefastas de intervenciones absolutamente violentas. No existe pretexto alguno para que se haya podido generar tal arremetida contra población civil”, sostuvo.
Asimismo, resaltó que todos los muertos y heridos son productores de hoja de coca que “han sido víctimas de una situación patricida”, por lo cual instó al gobierno a “que tenga un manejo dialogado sincero”. “No se ha respetado estándares internacionales de uso de armas”, remarcó y añadió que “se tiene que restringir la participación de fuerzas militares”. “No puede llamarse enfrentamiento. No hemos encontrado ni un solo policía herido”, subrayó.
En cuanto a las causas de las muertes, afirmó que "estamos pidiendo los informes técnicos para que se justifique el uso de armas de fuego, porque los heridos y muertos en su mayoría son por impacto de bala. Esa movilización merecía una protección del Estado en la lógica de los estándares internacionales de derechos humanos y no una represión conjunta de militares y policías", enfatizó Cox.
De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a través de Twitter el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones, y llamó a excluir las armas para controlar las protestas. Por su parte, la ONU alertó que la actitud violenta de las fuerzas de seguridad podría llevar a que la situación “se salga de control”.
