El abogado Roberto Carles, integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, contó al aire de Radio Prensa las penosas situaciones que vivieron el viernes último, cuando desembarcaron en el país andino. “Nos tocó vivir en carne propia las violaciones a los derechos humanos que perpetra el gobierno de facto en Bolivia. Nos restringieron la libertad ambulatoria y fuimos retenidos en el aeropuerto de Santa Cruz por las fuerzas de seguridad. Nos cortaron la libertad de expresión y la libertad de defender los Derechos Humanos”, expresó.

La delegación estaba integrada por representantes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, entre los que se encuentran el dirigente Juan Grabois, de la CTEP, y Daniel Catalano, de ATE.

Según relató Carles, fueron agredidos por fuerzas de choque en el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en donde fueron retenidos y sometidos a una indagatoria exhaustiva, en un contexto de hostigamiento, registrado en diferentes videos expuestos en las redes sociales.

Preocupado por la situación, el abogado penalista contó que las mismas autoridades del gobierno boliviano los amenazaron para que no puedan cumplir con su labor de chequear las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en ese país. “El ministro de gobierno nos ha amenazado abiertamente y nos acusó de que veníamos a incendiar el país. Estamos siendo observados permanentemente por las fuerzas de seguridad. Nos advirtieron que cualquier acción que tengamos, que ellos consideres sediciosa o terrorista, vamos a enfrentar cargos y van a actuar con la policía. Una locura”, aseguró.

La violencia en contra de la comitiva inició ni bien tocaron suelo en Santa Cruz de la Sierra, en donde fueron abordados por una patota que, según denunció Carles, respondía a Fernando Camacho. “Comenzaron a agredirnos y amenazarnos en Santa Cruz. Luego nos estaban esperando también en El Alto”, relató el abogado penalista.

“Hay una clara violación sistemática de las libertades más básicas, empezando por la libertad de expresión. Nosotros no somos un grupo terrorista que viene a combatir ningún orden, aún cuando asistimos a un orden ilegal como lo es el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Estamos acá para recoger testimonios de víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Muertes, agresiones, detenciones arbitrarias y personas desaparecidas. Es evidente que lo que no quiere el gobierno de Bolivia es que se sepa la verdad. Tarde o temprano la verdad se va a saber”, subrayó.

En este sentido, el especialista comparó el gobierno de facto boliviano con la última dictadura militar en Argentina: “Nuestra dictadura, que fue criminal y genocida, por lo menos guardaba las formas. Aquí el ministro de gobierno nos amenazó abiertamente ante los medios de comunicación. Actúan con total impunidad y sin ningún tipo de disimulo. Cuesta entender como hay en la región quienes todavía se niegan a hablar de golpe de estado para calificar lo que está pasando en Bolivia”.

Por otro lado, para el letrado no quedan dudas de que la Organización de Estados Americanos (OEA) “es completamente responsable” de lo que está pasando en Bolivia. “Perdió cualquier autoridad que podría haber tenido. Perdió cualquier imagen de independencia cuando sembró las dudas en el proceso electoral para justificar el golpe de Estado. Fue, como mínimo, irresponsable. No hay forma de justificar lo que está pasando. No hay una salida institucional, es pura y llanamente un gobierno de facto que viola sistemáticamente los derechos humanos”, consideró.

Asimismo, destacó que el ex presidente Evo Morales “es un perseguido político” y en ese marco resaltó que “lo que estamos viendo no es nada nuevo”. “Hemos visto muchas veces en América latina lo que ocurre cuando un gobierno es derrocado. En Bolivia se está inventando causas penales para justificar el accionar violento del gobierno de facto”, sentenció.