"Quienes encabezan el Poder Judicial parecen empecinados en destruirlo. Que el Ministro de la Defensa ascienda a su propia hija es otra irritante página del nepotismo y la arbitrariedad que se han apoderado de los tribunales tucumanos. No hay vergüenza entre quienes deberían ser ejemplo de conducta", expresó el representante de la Unión Cívica Radical en el parlamento tucumano.

De este modo, Canelada reprochó el decreto del ministro de la Defensa, Washington Navarro Davila, por el que le otorgó un ascenso a su propia hija, la abogada Magdalena Navarro Vitar.

"Hace una semana, se supo que miembros de la Corte Suprema designaron a sus hijos. Conocida es la avidez de la familia del ministro fiscal para ocupar cargos clave en la estructura judicial. Ahora le toca el turno a Navarro Davila. Hay un sistema que está podrido y que tiene explicación en la conducta de quienes mandan" , insistió.

Canelada aseveró que esto no sería posible si Tucumán tuviera una ley de Ética Pública. "Hay que poner limite a la justicia para los amigos y los familiares del poder. Esto daña a la República y golpea la confianza ciudadana en sus instituciones" , concluyó.

La revelación

Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, otorgó dos ascensos interinos a su hija, la abogada Magdalena Navarro Vitar, en menos de ocho meses. Así lo reveló la periodista Irene Benito para La Gaceta.

Explicó que la primera decisión data del 6 de diciembre de 2019 (Resolución 595/19) mientras que la segunda, del 29 de julio de 2020 (Resolución 135/20): ambas llevan la firma del progenitor. Gracias a estos actos, Navarro Vitar pasó de prosecretaria “C” a ser secretaria judicial “A”, uno de los cargos de mayor jerarquía de la institución que encabeza su padre.

En la Defensa precisaron que la funcionaria, que en el presente presta servicios como auxiliar de defensor, había obtenido su primer empleo judicial por concurso hace un par de años y ofrecieron detalles de su currículum.

Tanto en la Resolución 595/19 como en la 135/20, Navarro Dávila esgrimió “necesidades” de servicio para hacer las promociones.

Las decisiones administrativas detallan que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al jefe de los defensores oficiales a ascender al personal y que fueron analizados los antecedentes de los candidatos.

En la primera oportunidad, Navarro Vitar fue ascendida junto a Anabella Patricia Maza Villalba, a Luciana Nicole Filmann y a Verónica Natalia Lazarte.

La segunda resolución de Navarro Dávila otorga el cargo de secretaria a su hija, a Maza Villalba, a Filmann, a Gustavo Eduardo Estofán, a Mariana Elizabeth Merletti, a María José Ahumada, a Eduardo Jorge Aguilera (h) y a Bernardo José Palisa.

En este último acto, el ministro público de la defensa dijo que los funcionarios ascendidos iban a contribuir a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en toda la provincia, cosa que acontecerá a partir del 1 de septiembre.

El puesto de auxiliar de defensor autoriza a Navarro Vitar a desempeñar casi todas las funciones de su superior, el defensor oficial en lo Penal N°1 de la capital, Julio Daniel Jorge Plaza, que fue escogido por concurso público de antecedentes y de oposición.

La discrecionalidad de la selección de los auxiliares de defensor y de fiscal había sido cuestionada por el Colegio de Abogados de la Capital con el argumento de que vulneraba la Constitución.

A diferencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que divulga sus acordadas desde 2011, los actos de administración del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez no están disponibles en los portales oficiales.

La prensa accedió a las resoluciones 595/19 y 135/20 tras las publicaciones revelaron que los hijos de tres vocales, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Antonio Daniel Estofán, habían sido designados en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

El 30 de julio, Marcelo Billone y Carlos Casal, respectivos presidentes, exhortaron a Sbdar, a Jiménez y a Navarro Dávila a tomar medidas anti-nepotismo, y a concursar todos los cargos en todos los supuestos. Según Billone y Casal, las autoridades judiciales debían dar el ejemplo republicano y autolimitarse en una provincia que carece de ley de ética pública.