“Nos oponemos totalmente a los aumentos. En la situación en la que nos encontramos debido a la pandemia no se debe autorizar ningún tipo de incremento”, consideró el funcionario en diálogo con el programa Gente de Prensa.

El ombudsman justificó su postura entendiendo que más allá de una cuestión técnica o legal se debe analizar la capacidad de pago de los usuarios. “No estamos discutiendo si esta correcto desde el punto de vista técnico-legal sino que lo que decimos es que por el mérito de la situación actual, en donde la gente no tiene para pagar, se debe suspender cualquier aumento. Puede ser que sea legal desde el punto de vista técnico, pero a veces lo legal no es lo legitimo”, remarcó.

El Defensor del Pueblo no es el único referente político que se opuso a los tarifazos. En la Legislatura fueron varias las voces que se alzaron contra los aumentos. En primer lugar, el legislador Raúl Albarracín  propuso sendos proyectos para frenar los incrementos por 180 días y también suspender los cortes a los sectores vulnerables de los servicios de electricidad, de gas, de agua, de telefonía -fija o móvil-, de internet y de televisión por cable, a raíz de la falta de pago. En este mismo sentido, también pretende lograr la suspensión del procedimiento de consulta pública documentada para resolver la revisión extraordinaria del cuadro tarifario.

Sobre este último tema, Juri Debo adelantó que con el cuerpo de abogados de la Defensoría “haremos un planteo de rechazo a cualquier incremento tarifario”.

En la misma sintonía se expresó el legislador opositor José María Canelada, para quien "Tucumán va a contramano del mundo”, porque “mientras en todos lados se busca cuidar a los usuarios y congelar las tarifas, aquí el Gobierno permite subir las tarifas en plena crisis sanitaria y económica. Y aunque el Ersept haya salido a hacerse cargo del anuncio, este ente depende del gobernador Juan Manzur, responsable político de este nuevo golpe al bolsillo”.

Por su parte, el también integrante del bloque opositor, Federico Masso, consideró que se debe llevar a instancias del Congreso de la Nación el debate por un esquema más equitativo en cuanto al sistema de energía eléctrica. “En las tarifas también se debe tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de cada región y la capacidad de producción de energía. No puede ser que una provincia como Tucumán, que produce energía, pague más que algunas provincias que no la producen. Esto es materia de una análisis profundo a nivel nacional”, sentenció en diálogo con Radio Prensa.