La demanda, se fundamenta en que los funcionarios de la citada dependencia policial tomaron conocimiento que a través de las redes sociales, se invita a la sociedad a llevar adelante acciones que constituirían delitos.

La fiscalía interviniente ya comenzó a trabajar con las primeras medidas para establecer si las acciones denunciadas podrían significar incitación a la violencia, amenazas, intimidación pública o cualquier otro delito que pudiera surgir de las investigaciones de rigor.

Voceros del Ministerio Fiscal admiten que hay gente sin escrúpulos que por intereses políticos u otras motivaciones personales, invita a la violencia, y que esto no tiene que ver con las legítimas protestas y reclamos de las víctimas o de los ciudadanos que muestran una justificada preocupación.