La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectados. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

"Sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales”, señaló al aire de Radio Prensa, Cynthia Ovejero, referente de Andhes.

“Las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización”, añadió.

Acceso a la salud, agua y servicios

El informe detalla como la falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso.

En este sentido, Ovejero relató que cada vez que las comunidades se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, la respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales.

A esto se suma a que, con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. “La mayoría de las comunidades sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia”, subrayó la especialista.

Consulta y participación

El informe, además, pone de manifiesto que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid-19 desconoce la realidad de las comunidades: “En distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos”.

En otro sentido, Ovejero resaltó que la falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online y complicó la continuidad educativa. “Hemos presentado un amparo en agosto del 2020 para exigir que se garantice el acceso a internet y se brinden las herramientas necesarias para la educación virtual”, agregó.

Acceso a la tierra

Otro de los puntos en los que hace hincapié el informe, son las decenas de comunidades que fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas. Esta situación se repitió en todo el país, pero con principal frecuencia en el NOA y NEA.

“El Estado tiene que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar la ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales”, sentenció Ovejero.

El informe fue elaborado en conjunto por Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Formosa, Asociación para la Promoción y el Desarrollo (APCD) Las Lomitas – Formosa, Centro Barrial Enrique Angelelli de Ing. Juárez – Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) – Formosa, Fundación Manos de Hermanos – Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez – Formosa, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).