El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal n° 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, en línea con la medida requerida por el fiscal federal Pablo Camuña, que interviene junto a personal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que se desempeña en la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán.

En el allanamiento participaron integrantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores; la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Tucumán; el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata; y el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas de Tucumán.

Esas intervenciones tienen la finalidad de poner a disposición de las personas afectadas los dispositivos de asistencia que sean necesarios para el cese de las actividades ilícitas en su contra y la reparación correspondiente.

Luego de que los resultados de la medida sean remitidos al juzgado interviniente, se espera obtener elementos que permitan profundizar la investigación contra los responsables del delito.

La causa se inició a través de una denuncia del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, que señalaba que personas oriundas de la provincia de Santiago del Estero habían sido trasladadas hasta la localidad de Aguilares, al sur de la provincia de Tucumán, para trabajar en la actividad citrícola. En la denuncia se detalló que los trabajadores se encontraban cumpliendo tareas en pésimas condiciones de higiene y seguridad, sin recibir los pagos prometidos. Según la presentación, las personas acusadas habrían tercerizado servicios de cosecha a productores de la zona, utilizando para ello a ese grupo de víctimas.

Las tareas de investigación ordenadas por el Ministerio Público Fiscal fueron desarrolladas por la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales – Tucumán de Gendarmería Nacional, dependencia que logró georreferenciar la ubicación de las locaciones en las que se producía la explotación, como así también confirmar las condiciones en que las víctimas eran alojadas. Se pudo confirmar también que varias de las personas damnificadas habrían sido obligadas a trabajar pese a estar infectadas con Covid-19 y sin ningún tipo de protección o asistencia sanitaria.